La pareja de Ana Julia declarará por videoconferencia en el caso de las amenazas a Patricia Ramírez

El caso del asesinato del niño Gabriel Cruz vuelve a tener derivadas judiciales siete años después del crimen que conmocionó a toda España. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha fijado para el próximo 9 de septiembre, entre las 10:00 y las 11:00 horas, la declaración por videoconferencia de la pareja de Ana Julia Quezada, la mujer condenada a prisión permanente revisable por matar al pequeño en febrero de 2018 en Las Hortichuelas (Níjar).

La citación se produce en el marco de las diligencias reabiertas por las presuntas amenazas de muerte dirigidas contra Patricia Ramírez, madre de Gabriel, y que, según los indicios recogidos en la investigación, habrían sido vertidas por Quezada desde el centro penitenciario de Brieva (Ávila).

Una jornada intensa en julio

La decisión judicial de citar ahora a la pareja de Quezada llega después de la intensa jornada celebrada el pasado 23 de julio, en la que Patricia Ramírez, Ana Julia Quezada, su actual pareja y un testigo clave fueron citados a prestar declaración. En aquel momento, no lo hizo la joven investigada.

Aquel día, Ramírez compareció en la Ciudad de la Justicia de Almería y, a su salida, advirtió ante los medios que “no puede tomarse ninguna amenaza a la ligera”. Denunció además que tras interponer la denuncia comenzó a recibir llamadas desde números ocultos y extranjeros, motivo por el que ha reducido al mínimo su vida pública y ha pedido medidas de protección efectivas.

Su abogada, Verónica Guerrero, detalló que en esa sesión un testigo —empleado de un tarot— ratificó lo que ya había declarado ante la Policía y entregó material audiovisual con las amenazas grabadas, prueba que ahora ha sido incorporada al procedimiento.

Por el contrario, la propia Ana Julia Quezada se limitó a contestar con monosílabos y no aportó ningún detalle ante el juez instructor. Su pareja, igualmente citada, se acogió a su derecho a no declarar.

El origen: una denuncia en Nochevieja

El procedimiento se abrió a raíz de la denuncia presentada por Patricia Ramírez el 31 de diciembre de 2024. En ella alertaba de amenazas transmitidas por terceras personas y vinculadas a Quezada. Inicialmente la causa fue archivada, pero una interna de Brieva que dijo haber presenciado directamente las amenazas motivó la reapertura.

A partir de ese momento, el juzgado aceptó la petición de la acusación particular de investigar también a la actual pareja de la condenada, por su posible papel de intermediaria en la transmisión de las amenazas.

El trasfondo del documental

Detrás de todo el procedimiento late la polémica por un supuesto documental que Quezada habría querido grabar desde prisión con la presunta colaboración de funcionarios y mediante el uso de teléfonos móviles.

Según ha manifestado Ramírez, las amenazas tienen relación con su oposición a ese proyecto: “Si todo esto viene como consecuencia de que la asesina de mi hijo Gabriel se enfada porque le he cortado el documental, al final las protecciones deben establecerse dentro de prisiones”, dijo en julio.

La existencia de esas grabaciones y los favores recibidos en prisión son objeto de una causa paralela que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, donde se investiga un posible delito de cohecho.

El recuerdo del crimen

Ana Julia Quezada cumple desde 2019 la condena a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años. El 27 de febrero de 2018 lo mató en la vivienda de Las Hortichuelas, lo ocultó durante doce días y finalmente fue detenida cuando intentaba trasladar el cuerpo en el maletero de su coche hasta una finca propiedad de la familia paterna.

El juicio, celebrado en 2019 en la Audiencia Provincial de Almería, concluyó con un veredicto de culpabilidad unánime por parte del jurado y una sentencia confirmada después por el Tribunal Supremo.

Lo que viene ahora

La comparecencia del próximo 9 de septiembre será clave para definir los siguientes pasos de la instrucción en Almería. El juzgado deberá valorar si mantiene a la pareja de Quezada como investigada formalmente por amenazas y si adopta medidas de protección adicionales en favor de Patricia Ramírez.

Mientras tanto, la madre de Gabriel insiste en que “se llegue al fondo de esta cuestión” y en que el Estado debe garantizar que ninguna persona condenada en firme pueda volver a causar daño, ni directa ni indirectamente, a las víctimas.