Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, denuncia “desprotección institucional” y posibles irregularidades en prisión

Patricia Ramírez Domínguez, madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Níjar a manos de Ana Julia Quezada, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles 7 de mayo en la sala de prensa del pabellón Moisés Ruiz de la Diputación de Almería. La comparecencia, prevista a las 10:30 horas, se centrará en denunciar lo que califica como una “situación de desamparo y desprotección institucional y judicial”, además de alertar sobre una posible “vulneración de derechos” amparados por el Estatuto de la Víctima, la normativa europea y otras leyes afines.

En la convocatoria, difundida por la propia Ramírez, se indica que también se abordarán “posibles irregularidades en la prisión donde cumple sentencia la condenada por el asesinato de Gabriel”, y se subraya la afectación que estas situaciones estarían teniendo en la “integridad moral” de los padres del menor.

Ramírez no atenderá a los medios de comunicación antes del acto, y ha pedido que cualquier consulta sea canalizada a través del gabinete de prensa de la Diputación, que colaborará con ella durante la jornada. También ha rogado expresamente a los medios que eviten difundir detalles macabros o escabrosos del crimen, como muestra de respeto hacia la memoria de su hijo.

Una lucha contra la revictimización

Esta nueva comparecencia pública se enmarca en una trayectoria de denuncia que Patricia Ramírez ha sostenido durante los últimos años para defender no solo la memoria de Gabriel, sino también los derechos de las víctimas de delitos especialmente graves.

En junio de 2024, Ramírez compareció ante la comisión de Interior del Senado, donde propuso un pacto de Estado que establezca límites éticos y legales a la producción de contenidos de tipo true crime, especialmente cuando afectan a personas condenadas por delitos atroces. “Yo tuve que romper mi silencio otra vez. Un silencio escogido, que necesitaba para mí y para mi familia, pero no me quedaba más remedio para defender mis valores y sobre todo a mi nano”, expresó meses más tarde en un documental de la televisión pública suiza, donde reconoció que sentía miedo de volver a salir a la calle ante el temor a nuevas especulaciones mediáticas.

La comparecencia en la Cámara Alta se produjo tras conocerse que Ana Julia Quezada habría tratado de firmar un contrato con una productora audiovisual para grabar un documental. Según explicó entonces Ramírez, el intento fue detectado por la dirección del centro penitenciario de Brieva (Ávila), que denegó el permiso tras detectar presuntas irregularidades, como el uso de un teléfono móvil dentro de la prisión y la implicación de ciertos funcionarios.

En uno de los escritos leídos por Ramírez, Quezada justificaba su participación en el proyecto audiovisual por la necesidad de obtener ingresos con los que hacer frente a la responsabilidad civil de su condena y enviar dinero a su familia en República Dominicana. La plataforma Netflix, mencionada por la interna como supuesta interesada en la distribución, desmintió en varias ocasiones estar vinculada a ninguna producción sobre el caso.

“Queremos saber si hay más productoras o cadenas detrás”

Tras el escándalo, Ramírez anunció que solicitaría a la Audiencia Provincial de Almería que investigase con quién se había intentado firmar dicho contrato y si había otras productoras, medios o plataformas interesados en entrevistar a la condenada. Según aseguró entonces, el 14 de mayo de 2024 el abogado de Quezada habría acudido al centro penitenciario para cerrar un acuerdo con las cláusulas pertinentes para grabar una serie o documental.

Pocos días después, y tras recibir un compromiso por escrito de la directora de la productora implicada anunciando que el proyecto no seguiría adelante, Ramírez agradeció públicamente el gesto y el respaldo social recibido: “Gracias por la ayuda y a toda la buena gente que nos hace llegar su apoyo y cariño”.

En sus intervenciones, la madre de Gabriel ha insistido en que contenidos de este tipo no deberían producirse sin el consentimiento expreso de las víctimas, y ha señalado que otras familias afectadas por crímenes violentos se han puesto en contacto con ella para trasladarle su preocupación. También se ha pronunciado recientemente contra la publicación de un libro basado en una entrevista con José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba, como ejemplo de una industria que puede alimentar la revictimización.

Mientras tanto, el recuerdo del 'pescaíto', como cariñosamente llamaba a su hijo, sigue presente en cada intervención pública de su madre, que ha convertido su dolor en una causa para exigir mayor protección, dignidad y respeto para las víctimas y sus familias.