Un hombre ha aceptado este lunes cinco años de prisión tras reconocer que agredió sexualmente en el baño de un local nocturno a una joven que lo había rechazado horas antes.

El acusado ha mostrado su conformidad con la petición de penas de la Fiscalía, después de que el Ministerio Público haya rebajado su petición inicial durante la vista oral celebrada ante la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.

La calificación del fiscal, consultada por EFE, explica cómo durante la madrugada del 21 de mayo de 2022 el acusado se fijó en la víctima, que se encontraba en la misma discoteca de Mojácar que él, con un grupo de amigas.

El acusado comenzó a realizar algunas "insinuaciones" para entablar una relación con ella, de forma que incluso la cogió de la cintura y de la mano, si bien fue rechazado "en todas las ocasiones" por la mujer.

Ya sobre las 06:50 horas de ese mismo día, coincidieron en otro establecimiento ubicado también en la playa de Mojácar, al que la víctima había acudido con sus amistades, ya que él la había seguido.

Cuando la joven entró al baño, y a pesar de "ser consciente de la negativa" de ésta a tener contacto con él, aprovechó para ir tras ella.

Al salir del baño, la introdujo de nuevo en él, la agarró y perpetró la agresión sexual sin que la víctima pudiese reaccionar ante esta "situación violenta creada por el procesado", una "persona de considerable corpulencia física con 190 centímetros de estatura", así como por lo "estrecho y aislado del lugar".

La mujer estuvo durante todo el tiempo que duró la agresión en una "situación de shock ante el temor a la reacción del procesado si no accedía, como sucedió, a su lascivas pretensiones".

Por estos hechos, ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito de agresión sexual, en el que concurre la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado ingresó la indemnización solicitada por el fiscal de forma previa al juicio, y se le impone una orden de alejamiento.

No obstante, dado que el hombre es de origen venezolano, se ha acordado que una vez cumpla la mitad de su pena en la cárcel se sustituya por la expulsión del país, con prohibición de entrada durante un número determinado de años.

Originalmente, el fiscal reclamaba nueve años de prisión, una orden de alejamiento, la inhabilitación para trabajar con menores de edad durante 20 años, y el pago de una indemnización de 20.040 euros.