La decana del Colegio de Procuradores de Almería, María del Mar Gázquez, ha iniciado una ronda de contactos para recabar apoyos que permitan solicitar que se atribuyan más funciones en la ejecución de sentencias a estos profesionales, de forma que se puedan equiparar a otras figuras como las del solicitador de execuçao portugués y otros similares de los países del entorno de España.

En declaraciones a este periódico, Gázquez ha señalado que ya cuenta con el respaldo de Grupo Cosentino y de la Cámara de Comercio, así como que el lunes tiene una entrevista con Asempal. Considera que esta atribución de funciones “beneficia a cualquier empresa o particular, a los que interesa que sus procedimientos judiciales se tramiten más rápido”. “Si, por ejemplo, se debe una cantidad económica, no interesa a nadie que se quede dormida tres años en el juzgado, sino que se agilice. Muchas veces un comerciante se arruina o entra en concurso de acreedores esperando a ser resarcido de sus deudas”, apunta.

Así, mantiene que trámites como éste serían hasta “cinco veces más rápidos”, al efectuarse sin intermediarios, sino por un procurador con el correspondiente auxilio del juez en caso de ser necesario. “Nuestro referente es Portugal. Su gobierno ha apostado por los solicitadores. Con este cambio, España sería más competitiva para atraer inversiones extranjeras, ofrecería más seguridad jurídica”, asevera la decana, quien resalta que la administración de justicia ya sufría un retraso importante antes de la llegada de la covid-19.

Apunta que así se eliminaría una “barrera y freno”para los inversores y reitera que prácticamente todos los países europeos han externalizado estas funciones en profesionales independientes. “Nosotros somos funcionarios semi-públicos. Se trataría de darnos más funciones para esa fase ejecutiva. La administración de justicia ganaría mucho porque además supondría un ahorro de costes. Siempre respaldados y como referencia y sujetos al poder judicial”, apostilla.

Además, insiste en que sería profundizar en lo que los procuradores han “hecho siempre” porque además de representar a los justiciables, ya son “procesalistas expertos en la fase de ejecución”. “Es lo que venimos haciendo históricamente, con la barrera de que ahora hay mucho intermediario”, precisa.

Resalta que ya e en el Libro Blanco de la Justicia se recomendaba esta atribución de funciones, o que juristas y especialistas en la materia de todo tipo hicieron lo propio en un congreso celebrado hace tres años en Barcelona. “El Ministerio de Justicia ya ha escuchado, tiene conocimiento de esto. Ahora faltan los apoyos necesarios, que los beneficiarios lo pidan”, asegura. En esta línea, señala que ya se han dado “pasos cortos”acercando dichas funciones ejecutivas. Por ejemplo, ya pueden realizar citaciones a juicios. También subastas que antes sólo estaban a cargo de los juzgados. “Lo que queremos es desarrollar de una vez por todas la ley para que nos den las mismas competencias que tienen en otros países”, recalca.

Ante un sistema “burocrático y obsoleto”del ordenamiento jurídico en la fase de ejecución, apuesta por imitar a estos países y sus agentes de la ejecución.

“La administración de Justicia carece de medios y dotación económica y humana suficiente para el éxito en las ejecuciones. También está sujeta a un horario, al contrario de los procuradores. Sería conveniente, una homologación con el resto de operadores jurídicos que imprimen agilidad a la ejecución. El solicitador de execuçao portugués trabaja así”. La estrategia seguida en Portugal para lograr la mayor eficacia en el proceso de ejecución es distinta a la seguida en España. En Portugal la opción elegida en el campo de la acción ejecutiva ha sido externalizar las actuaciones no jurisdiccionales del proceso de ejecución, encomendándolas a estos agentes de la ejecución, de los que “está huérfana nuestra administración de justicia”.