El PSOE denuncia que Almería ocupa el último lugar en la atención a las personas dependientes de Andalucía

La diputada socialista por Almería en el Congreso, Inés Plaza, y el secretario de Servicios Sociales de la Ejecutiva provincial del PSOE,Manolo Vallejo, han denunciado la “grave situación” que atraviesa la dependencia en la provincia, que, según los datos de la propia Junta de Andalucía, ocupa el último lugar de la comunidad en atención a las personas dependientes.

Plaza ha recordado que en Andalucía transcurren de media 500 días desde que una persona solicita la ayuda hasta que se le concede, cuando el límite legal está fijado en 180 días. “Lo más grave es que están falleciendo miles de personas cada año en Andalucía sin haber llegado a recibir la prestación o el servicio que les correspondía por culpa de esa lista de espera”, ha advertido, subrayando que, tras más de siete años de gobierno de Moreno Bonilla, la comunidad se encuentra “en el furgón de cola” de la dependencia.

La diputada ha señalado que lejos de mejorar, se mantiene el copago, lo que obliga a muchas personas a renunciar a la ayuda por las elevadas cuantías que deben abonar. “Esto es inhumano y no es solo un problema de gestión, es un problema de modelo”, ha afirmado. En ese sentido, ha recordado que cuando Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Derechos Sociales “la dependencia sufrió los mayores recortes”, con la eliminación de la cotización de las cuidadoras y la reducción de horas de atención, y ha sostenido que “ese modelo de mínimos es el que hoy vemos en Andalucía”.

Frente a ello, ha defendido que el Gobierno de España “ha reforzado el sistema, ha recuperado derechos y está tramitando una reforma que pone en el centro la autonomía personal y elimina trabas y burocracia”. Plaza, que es portavoz en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, ha explicado que la modificación de la Ley de Dependencia y de Discapacidad ya ha superado el trámite de enmiendas parciales y se encuentra en fase de negociación con los grupos parlamentarios. “Partimos de que es una buena ley, pero tiene 20 años y hay que reformarla para avanzar hacia un modelo que garantice derechos efectivos”, ha indicado.

La diputada ha incidido en que cuando el sistema no responde, “casi siempre es una hija, una esposa o una madre la que deja su empleo o reduce su jornada para cubrir lo que la Administración no cubre”, y ha recordado que Andalucía ha recibido en siete años 53.000 millones de euros más que en la etapa de Rajoy, recursos que, a su juicio, “no se están viendo por ningún lado en los servicios públicos”.

Desmantelamiento de lo público

Por su parte, Manolo Vallejo ha detallado las cifras de la provincia y ha asegurado que “no vale” que la Junta presuma de que la lista de espera en Andalucía se sitúa “solamente” en 13.240 personas, cuando es la más alta de España. En Almería, ha precisado, la lista de espera supera las 2.700 personas, de las que 1.173 están pendientes de grado y 1.527, pese a tenerlo reconocido, aún no cuentan con Programa Individual de Atención, es decir, “no han recibido ni recurso ni prestación económica”.

Vallejo ha calificado de “sonrojante” que la Junta destaque que la media de espera haya bajado a 488 días cuando la ley fija un máximo de 180, plazo que sí cumplen comunidades como La Rioja, Aragón o Castilla-La Mancha. “A este ritmo tardaremos más de 21 años en alcanzar la plena atención que marca la ley”, ha advertido.

Especialmente grave ha considerado el dato de los fallecimientos ya que, según ha expuesto, el pasado año murieron en Andalucía 6.995 personas sin llegar a ser valoradas ni recibir ningún servicio, lo que equivale a 19 personas al día. De ellas, más de 250 fallecieron en la provincia de Almería “sin saber si tenían derecho a algún tipo de prestación o servicio”, ha lamentado.

Para el responsable socialista, la situación responde “desde la negligencia hasta la falta de voluntad política” y forma parte de “una clara estrategia de desmantelamiento de lo público”. Por ello, el PSOE exige a la Junta que cumpla los plazos legales en las valoraciones, que dote a la ciudadanía de herramientas efectivas para reclamar sus derechos y que deje de “esconder la realidad bajo cifras maquilladas”, al tiempo que ha destacado que a nivel estatal “se está reforzando el sistema y se siguen incrementando los fondos transferidos a las comunidades autónomas”.