La querella contra García Pardo sigue y afectados piden responsabilidades

El juez decidía en abril no desestimar la querella y profundiza aún más en el caso

Asamblea informativa de Perjudicados de Rambla Morales.
Carmen Fenoy / Almería

26 de mayo 2012 - 01:00

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, después de que se presentarán alegaciones y se pidiese la desestimación de las actuaciones contra el expresidente Antonio García Pardo y su junta de gobierno, y el Ministerio Fiscal emitiese un informe en el que se oponía a esta petición y solicitaba la práctica de varias diligencias de instrucción, decidía a finales de abril continuar con la querella hacia el que fuera máximo responsable de Rambla Morales y cinco personas más. Y no sólo eso, sino que pide más pruebas: "Las alegaciones de las acusaciones personadas llevan a apreciar indicios de responsabilidad criminal por los delitos especificados en la querella (...). Por ello, lo razonable no es decretar los sobreseimientos interesados, sino profundizar en la instrucción, mediante la práctica de las diligencias que se dirá". Asimismo, el juez pide que se elabore un informe sobre la aplicación financiera y destino de cada una de las disposiciones de capital liberadas por La Caixa con cargo a los créditos otorgados a la comunidad, relación de facturas de proveedores e identificación de los beneficiarios de las disposiciones de capital con cargo a los créditos otorgados por La Caixa.

Por otro lado, en este último año se sucedieron las peticiones por parte de regantes para darse de baja en la comunidad y librarse así de la inmensa deuda contraída. Sin embargo, a excepción de alguna solicitud que recibió el visto bueno, la mayoría de las peticiones ha sido frenada por la Justicia.

Uno de los colectivos que más presión ha hecho reclamando "justicia" es la Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales, que siempre se ha opuesto a la venta de la desaladora porque, de acuerdo a las palabras de su presidente, Bonifacio Berenguer, deben de responder los que acordaron su construcción sin consentimiento de los usuarios, en primer término García Pardo: "¿Quién pidió el préstamo que es imposible de pagar?, ¿quién avaló para su concesión? Que respondan los que fueron antes a echarse la foto y que vayan ahora a ver lo que está sucediendo". La sensación que invade a los comuneros, la mayoría de ellos agricultores, es la de encontrarse atrapados en "una situación que ha sido propiciada por los políticos, como Martín Soler, gran impulsor en su día de este proyecto faraónico; consentido por la administración pública, en especial la Agencia Andaluza del Agua". Si bien en los últimos meses no se ha escuchado al colectivo, persiste en la misma línea.

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