Reclaman un “Pacto de Estado” para salvar la Ley de Dependencia

“La Ley de Dependencia, tras 18 años en vigor, no ha respondido a las expectativas que levantó en su momento. Se anunció como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y, sin embargo, lo único que ha hecho es generar aún más frustración en la sociedad. Sólo hay que atender a las cifras, que dibujan un escenario que bien merece una reflexión: 900.000 personas han muerto en este tiempo a la espera de recibir una prestación; se estima que en el año 2024 han fallecido 35.920 personas en las listas de espera de la Dependencia (98 al día, una cada 15 minutos)”. Contundente, tajante y convencido de que los servicios públicos esenciales, como la ayuda a domicilio, deben estar entre los principales retos de los responsables políticos, Cristóbal Valderas, presidente de Clece, propone la firma de un Pacto de Estado por la Dependencia, es decir, que todo el sector acuerde unos principios incuestionables que garanticen, a largo plazo, un firme compromiso con las personas mayores y dependientes, sin importar quién gobierna en cada momento en el país y en cada comunidad autónoma.

Durante el desayuno informativo promovido por Grupo Joly y Clece en Almería, Valderas ha recordado que desde la aprobación de la Ley de Dependencia “han pasado 13 ministros del ramo por el Gobierno de España y ninguno ha atajado la situación para hacer que esta normativa dé el resultado esperado o cumpla con los objetivos para los que se creó”.

Al encuentro, en el que se han puesto de manifiesto los retos de los servicios públicos esenciales a nivel nacional y más concretamente en Almería, estaba invitada como interlocutora Maribel Sánchez Torregrosa, diputada nacional del Partido Popular, quien se ha sumado al reclamo del Pacto de Estado del presidente de Clece y ha exigido al gobierno central que cumpla con su compromiso de financiar el 50% de la Ley de Dependencia. “Estamos ante lo que podemos llamar una tormenta perfecta. La pirámide de población se ha dado la vuelta. Cada vez hay más personas mayores en España, por lo que es necesario un sistema que dé cabida a un nuevo panorama. En Andalucía, sólo en un año se ha incrementado en 40.000 el número de personas que han solicitado el servicio de Dependencia. Es evidente que se necesita más que nunca la colaboración de las instituciones y de las empresas. Y lo primero que hay que hacer es que el Gobierno de España cumpla con su compromiso con un servicio que a día de hoy está infrafinanciado, porque el Estado únicamente aporta un 39% del 50% prometido”. En este punto, Sánchez Torregrosa ha puesto de manifiesto que “Andalucía desde 2018 ha invertido 4.600 millones de euros más que la administración central en la Ley de Dependencia. Concretamente 1.200 millones en los presupuestos de 2025, mientras que el Estado prevé una inversión de 700 millones”.

Cristóbal Valderas ha querido poner de manifiesto que las compañías que gestionan servicios de la Administración son “servidores públicos” que ejecutan los contratos que les adjudican a través de trabajadores subrogables que desarrollan su labor en un marco que es público. Y ha recordado que en los últimos años las compañías adjudicatarias han tenido que asumir sobrecostes ajenos a su propia gestión: una subida del IPC del 20% desde enero de 2020, un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 61% con respecto al año 2018 o un aumento de las cargas sociales debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. “Todo ello sin poder actualizar los precios de los contratos públicos por la Ley de Desindexación, una normativa anacrónica, propia de tiempos de recortes, que perjudica a las empresas adjudicatarias de servicios esenciales, así como a los trabajadores que los prestan, a los usuarios y a los familiares”, como asegura el presidente de Clece.

Ante este escenario, Valderas expuso algunos ejemplos en los que la buena voluntad de todas las partes se ha traducido en soluciones para continuar prestando servicios de calidad, así como para garantizar unas buenas condiciones laborales de sus profesionales. Es el caso del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Almería, que ha vuelto a ser adjudicado a Atende, filial de Clece, y que contempla revisiones de precio para los siguientes cinco años. Asimismo, el presidente de Clece recordó que en septiembre de 2023 se publicó el primer convenio colectivo del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, un elemento esencial para el fortalecimiento del sector “porque gracias a él los pliegos de las administraciones de esa comunidad deben contemplar una mejora salarial de las auxiliares de ayuda a domicilio (con una subida acumulada del 25% entre 2023 y 2027)”. En este punto, Valderas ha querido reconocer los esfuerzos de Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, por adecuar el precio/hora del servicio de ayuda a domicilio al panorama económico actual, con el objetivo de seguir impulsando la dignificación de las auxiliares. “Aun así, esas subidas de la Junta están siendo insuficientes debido a los cambios en el escenario socioeconómico”, como ha destacado el presidente de Clece Cristóbal Valderas.

‘Cuidado en red’ para la salud mental de los trabajadores

El presidente de Clece, durante el desayuno informativo con Grupo Joly, ha explicado una de las últimas iniciativas que su empresa ha puesto en marcha. Pensando en la carga emocional que supone la labor de los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, la compañía pone a su disposición y a la de sus familiares directos el programa ‘Cuidado en red’. Se trata de un servicio de atención psicoemocional que se presta vía telefónica por profesionales de la psicología a los que es posible recurrir, de manera gratuita, anónima y confidencial, las 24 horas de los 365 días del año, con el fin de recibir pautas adecuadas para afrontar momentos de estrés, ansiedad o cualquier otra situación difícil, sea laboral o personal. ‘Cuidado en red’ es prestado a través de Corazón y Manos, una asociación sin ánimo de lucro que nació en 2017, a iniciativa de los propios empleados de Clece, para ayudar a sus compañeros en aquellos aspectos donde la compañía no puede intervenir como sociedad anónima.