"Los recortes a los empleados públicos no han servido para salvar puestos de trabajo"

-El principal problema que hay actualmente en Almería, como en el resto de España, es el alto índice de parados. Concretamente, las administraciones públicas arrancan el año con 16.771 empleos menos. Es más, en enero se destruyó más de un tercio de todo el empleo público creado en 2013. CSIF es el sindicato más representativo en este sector. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser su lucha?

-La situación del empleo en nuestras administraciones públicas va camino de hacerse insostenible. Desde finales de 2011 se produce un punto de inflexión y comienza una sangría que ya ha supuesto la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo según la última EPA. Y esto se produce fundamentalmente porque la gente se jubila y no se cubre su puesto y por la salida de personal interino en Sanidad y Educación. El Gobierno debe tomar cartas en el asunto. CSIF así se lo ha trasladado. Hemos planteado la elaboración de un plan de recursos humanos para analizar las necesidades de las plantillas y reforzar allí donde sea necesario con ofertas de empleo público. De lo contrario, las administraciones están abocadas al colapso o a la privatización.

-En los últimos meses la nueva ley educativa, LOMCE, ha provocado un clima crispado entre la comunidad educativa y los propios representantes políticos. CSIF se mostró en contra en la Mesa de Negociación y en el trámite parlamentario. La reforma es ya una realidad. ¿Cree que la LOMCE es la solución para mejorar la calidad en la enseñanza y mejorar los resultados académicos de los españoles?

-La LOMCE, como la anterior Ley impulsada por el Gobierno socialista supone un fracaso de nuestros políticos y una falta de respeto a toda la sociedad española. A nuestro entender, los españoles quieren calidad en la educación, buenos colegios, plantillas de profesores con recursos suficientes, en definitiva, un Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo para varias generaciones, dejando de lado diferencias políticas. La Ley ya está aprobada. Y en CSIF no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por responsabilidad, vamos a trabajar para mejorar lo que hay, mediante el desarrollo de los reglamentos y negociar medidas concretas que permitan mejorar la educación y la situación de los profesores, por ejemplo con el desarrollo de nuestro Estatuto Docente.

-Los tribunales han dado ya la razón en dos ocasiones a los empleados públicos andaluces que han reclamado que se les abone la parte devengada de la paga extra. Esto quiere decir que van por delante de la acción política. ¿Qué le solicitó al Gobierno en la última reunión y qué le transmitió?

-La devolución de la paga extra es uno de nuestros principales caballos de batalla en nuestra acción sindical. Desde que el Gobierno adoptó esta medida, hemos desplegado una batalla jurídica en el conjunto Estado. Todos los juzgados nos están dando la razón. Y ya tenemos varias sentencias firmes. CSIF consiguió la primera sentencia a favor de una funcionaria en Palencia; en Sevilla logramos la devolución íntegra de una paga a un funcionario de Justicia. Y ahora estamos intentando que los casos particulares se extiendan a todo el mundo. A raíz de esta sentencia y de otras muchas, la Junta de Castilla León accedió la semana pasada a devolver a sus funcionarios la cantidad de la paga extra que había sido devengada cuando entró en vigor el decreto de recortes. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de la nación. No parece razonable que lo que se reconoce en una comunidad autónoma no se aplique en el resto. Se puede recaer en una discriminación muy grave y CSIF lo va a denunciar.

-¿Cómo cree que debería devolverse este dinero?

-Quiero recordarle que hace un año ya conseguimos que el Gobierno nos devolviera la retención que nos aplicó por una paga que no habíamos cobrado, ya estamos consiguiendo en los tribunales que se nos devuelva la cantidad devengada y no nos cabe la menor duda que el Gobierno tendrá que rendirse a la evidencia y devolver una paga que jamás nos tenía que haber quitado. Entre otras cosas, porque este asunto ya está sobre la mesa del Tribunal Constitucional.

-Otra reforma polémica que ha promovido el Gobierno de España es la Reforma Local. ¿Cree que afectará a la calidad de los servicios básicos y condiciones laborales de los empleados públicos?

-Lamentablemente esto podría pasar. De entrada, es inaceptable que el Gobierno plantee una reforma de este calibre sin pasarla por la mesa de negociación con los representantes legítimos de los trabajadores. CSIF calcula que esta reforma afectará directamente sobre la estabilidad de unos 200.000 empleados públicos y puede vaciar de contenido las competencias de los ayuntamientos sobre servicios públicos básicos, como la dependencia.

-¿CSIF ha planteado alguna enmienda?

-Gracias a nuestra acción sindical y las presiones que ha habido en diferentes ámbitos, también entre sus propias filas, el Gobierno ha descafeinado bastante la reforma. Pero vamos a estar en alerta y plantearemos batalla en cualquier lugar donde se pongan en peligro la calidad y la estabilidad en los puestos de trabajo.

-¿Para qué han servido las manifestaciones y movilizaciones que ha protagonizado este sindicato en contra de las políticas del Gobierno?

-De entrada, para decirle bien alto y claro, como sindicato más representativo de las administraciones públicas, que los empleados públicos no están de acuerdo con las políticas de recorte que se están planteando. El Gobierno sabe muy bien que gran parte de las medidas han recaído sobre las espaldas de los trabajadores de las administraciones y estoy convencido de que ha tomado nota de la sensación de malestar. Creo sinceramente que ha suavizado su discurso.

-¿Sentiste que se culpaba a los empleados públicos?

-Sí, pero ya no nos culpa de todos los males del país, porque le hemos recordado que somos los que sostenemos los servicios y el Estado del Bienestar (policías, bomberos, sanitarios, profesores, administrativos…). El Gobierno sabe que no puede dar la espalda a cerca de 3 millones de ciudadanos y a sus familias. Así que esperamos que empiece a rectificar sus políticas en la medida en la que avancemos en la recuperación. CSIF por responsabilidad va a estar ahí para recordárselo.

-¿Y los recortes, han servido para salvar empleos públicos?

-Es obvio que no. Según la Encuesta de Población Activa, desde el tercer trimestre de 2011 se han destruido más de 400.000 empleos y las plantillas de las administraciones están en el mismo nivel de 2004. ¡Pero si el propio Gobierno saca pecho de la destrucción de empleo público ante sus socios europeos!

-¿Va a haber más recortes este año para los empleados públicos?

-Yo no estoy en la cabeza del Gobierno. Parece que se han dado cuenta de que algo están haciendo mal, cuando han accedido a devolver uno de los días de libre disposición que nos habían quitado… El propio presidente Rajoy no tiene más remedio que reconocer en sus intervenciones públicas el sacrificio realizado por los empleados públicos a favor de la recuperación económica. Parece que están haciendo gestos para reconciliarse con los empleados públicos, pero aún son insuficientes. Muy insuficientes.