La guerra del agua vuelve a escena. Si años atrás los agricultores y regantes y las instituciones políticas de Almería, Murcia, Alicante y Valencia se echaron a la calle para cargar duramente contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la derogación del trasvase del Ebro, quince años después lo vuelven a hacer por la postura del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez con la restricción para los regadíos del Tajo-Segura. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, compareció ayer en Murcia junto a representantes del trasvase de Almería y Alicante para anunciar que se avecina marejada ante la decisión “unilateral” del Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, de reducir a cero la transferencia hídrica para los regadíos en los meses de noviembre y diciembre contraviniendo la propuesta de la Comisión Técnica de Explotación y las recomendaciones del informe de situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).

Los regantes entienden que cerrar el grifo a la agricultura del sureste español es un “ataque” basado en información falsa por la que se culpabiliza a este sector de los problemas del Mar Menor. Consideran la situación insostenible y anuncian un calendario perpetuo de movilizaciones, además de buscar las fórmulas que sean necesarias para dejar de pagar el “tasazo” que abonan mensualmente en contraprestación por el agua de la cabecera del Tajo. Los regantes pagan cada mes poco más de un millón de euros que suponen 13 anuales y entienden que es una “desfachatez” la postura adoptada por el Ejecutivo en funciones ante la que deben plantarse los líderes políticos de las tres comunidades autónomas implicadas. “No vamos a pagar el pato de lo que está pasando en el Mar Menor”, argumenta el presidente del Scrats al tiempo que ha desgranado que someterán al consenso de la Asamblea del Sindicato que tendrá lugar hoy y a la reunión del Círculo del Agua las medidas de respuesta a una decisión que tildan de injusta. “Si el Ministerio usa el criterio del Mar Menor, la agricultura de Murcia, Almería y Alicante ha muerto”, esgrimieron ayer a la espera de un plan B del Ministerio para poder regar.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se pronunció desde Bruselas asegurando que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha asestado un nuevo golpe a Andalucía cerrando el grifo a las explotaciones agrícolas de Almería. La abderitana mostró el rechazo total de la Junta a esta decisión “injustificada” de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y le ha reclamado una “rectificación inmediata” y una reunión urgente. “La decisión del Ministerio provocará graves consecuencias en un sector agrícola de Almería al que debemos apoyar en estos momentos de dificultad por la crisis de precios, los aranceles, el Brexit y la sequía, y no generarle aún más problemas”, ha incidido desde la capital de Europa.

Crespo se mostró ayer convencida de que “esta decisión forma parte de una estrategia clara del Gobierno de España que quiere cerrar el grifo de forma definitiva para la agricultura de Almería”. En este sentido, quiso recordar la resolución del Ministerio para la Transición Energética que el pasado mes de septiembre incluyó a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura rompiendo su carácter eminentemente técnico. Si en noviembre sólo autorizó 7,5 hectómetros cúbicos para el abastecimiento humano cuando la propuesta de la comisión técnica fue de 14,7, en diciembre ha vuelto a tumbar una petición para la transferencia de otros 19,6 que quedaron en 7,5 hectómetros cúbicos. “Cada vez es más clara la estrategia del Ministerio: cerrar definitivamente el trasvase para el riego”.

Fernando Rubio, Lucas Jiménez y José Antonio Fernández en la sede del SCRATS

En esta misma línea se posicionó ayer la formación de Santiago Abascal que considera que es un “ataque frontal” a los regantes de las comunidades en las que más respaldo electoral tiene Vox. “Con el pretexto de no contaminar más el Mar Menor, estamos ante un plan oculto para acabar con esta infraestructura”, argumentó ayer la diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez. A juicio de la representante murciana, “esta decisión del Gobierno viola los acuerdos la Comisión Técnica de Explotación del trasvase Tajo-Segura, que asegura que sí existen recursos disponibles y lo más escandaloso es que se use el pretexto de la contaminación culpabilizando a los agricultores”. La formación verde habla de un “desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de Murcia, Almería y Alicante por parte de un Gobierno que nada ha hecho por el ecosistema del Mar Menor”.

La Junta de Andalucía se mostró ayer tajante y, a través de la consejera de Agricultura, aseguró que “no vamos a permitir que una medida injustificada del Ministerio ponga en riesgo la economía y el empleo de los andaluces y, en concreto, de los almerienses, que han demostrado una capacidad extraordinaria para aprovechar cada gota de agua para generar riqueza y puestos de trabajo”. A la espera de esa reunión solicitada con el Ministerio, Carmen Crespo afirma que “vamos a defender con todas nuestras fuerzas el futuro de toda la provincia de Almería, de miles de familias que dependen de una actividad comprometida con la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto por los recursos naturales”.

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado que el cierre del trasvase Tajo-Segura para regadío en los meses de noviembre y diciembre es una “traición con alevosía” y una forma de “intervenir” a la Región “en lo que más le duele”, pero ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no se quedará quieto y responderá con todas las herramientas administrativas y contenciosas a su alcance. Desde el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura critican, además, el “oscurantismo” para las comunidades del Levante en las comisiones de explotación que contrasta con la participación en estos foros de los municipios ribereños.

“La verdad es que el Gobierno central está empecinado en darnos un final de año abiertamente amargo”, argumentó ayer Lucas Jiménez, quien cree que el ‘trasvase cero’ aprobado en diciembre “significa, pura y llanamente, una decisión política desvergonzadamente falsa que intenta culpabilizar a toda la agricultura levantina de un problema medioambiental como es el Mar Menor y porque hay agua, tal y como dicen los propios técnicos del Ministerio, a quienes hacen una vez más caso omiso, menospreciándolos”. Aseguran, por último, que “nadie puede demostrar que dejando a la agricultura de Murcia y de Almería en secano vaya a mejorar la situación del Mar Menor”.