Molestar a los vecinos no entraba en el guión de Entre Tierras, la nueva serie de Atresmedia en colaboración con la productora Boomerang TV, que se encuentra estos días rodando en tierras almerienses. Uno de los escenarios elegidos es el de Las Salinas de Cabo de Gata y, en concreto, las conocidas como casas de los pescadores, donde la producción ha montado una verbena a las puertas de estas viviendas, entrando en colisión con los vecinos. El enfado es tal que incluso ayer se planteaban interrumpir la grabación de las escenas, donde previamente hasta ha acudido la Guardia Civil.

Dirigida por Humberto Miró y María Togores, y protagonizado por Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé y Carlos Serrano, este drama histórico es la nueva apuesta televisiva de Atresmedia, cuya grabación se reparte este mes entre Castilla-La Mancha y Almería. El rodaje comenzó en Cabo de Gata el pasado lunes para sorpresa de la mayoría de los propietarios de las que fueron las antiguas casas de los trabajadores de las salinas, entregadas por la empresa junto al terreno circundante. O, dicho en palabras del abogado que les representa, Emilio Juárez, han invadido una propiedad privada sin la debida autorización del conjunto de los dueños.

El drama emocional ambientado en la España de los años sesenta ha convertido para los tres días de rodaje programados este espacio en una plaza de pueblo pública, si bien, según han explicado los vecinos, la realidad en este caso está muy lejos de la ficción. No solo las casitas tienen dueño, sino que la calle es titularidad privada, siendo los vecinos los que vienen costeando desde años atrás los servicios, como el alumbrado o la limpieza, y el mobiliario urbano, como los bancos.

La productora ha desmontado parte de sus farolas y bancos, y retirado un contenedor de obra, así como la señal de prohibido el paso, para adaptar el espacio a esa España de los 60, teniendo autorización “solo de tres o cuatro vecinos mayores, que el único permiso que les han dado es para que los actores y actrices puedan utilizar el interior de sus casas para vestirse”, asegura el abogado, quien incide que en total son 27 los dueños, ahora en su mayoría indignados y dispuestos a parar el rodaje, después de que la Guardia Civil se haya personado en la zona, donde la filmación ayer se centraba en la playa.

Los vehículos del rodaje aparcados

Cuentan para ello con las licencias pertinentes, incluidas las de Costas y el Ayuntamiento de la capital, pero estas cubren espacios públicos. Los vecinos afectados entienden que la productora no dispone de la autorización para rodar en lo que consideran propiedad privada al no cuajar las negociaciones previas mantenidas. “La productora se puso en contacto con la Unión Salinera y la empresa les dijo que las casas de los pescadores las entregó a sus trabajadores y que se pusieran en contacto conmigo”, explica el abogado quien, en representación de la comunidad, les pidió 300 euros por casa, dinero a destinar al “fondo común de mantenimiento”.

Un precio, entiende Emilio Juárez, más que razonable en el mercado cinematográfico. Sin embargo, “se fueron a buscar a los tres o cuatro vecinos que han firmado, por lo que no tienen autorización. O se ponen de acuerdo con todos vecinos o se marchan”, sentencia el representante legal.

Miguel Cazorla, portavoz municipal de Ciudadanos