Salud La sanidad de los presos, en el limbo legal

  • Mientras se debate el traspaso de competencias del Gobierno central a la Junta, los profesionales sanitarios de El Acebuche en colaboración con el SAS garantizan la atención sanitaria de los reclusos

Pasillo de uno de los módulos de El Acebuche.

Pasillo de uno de los módulos de El Acebuche. / D.A.

Han pasado más de 18 años desde que la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud derivase las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Una transferencia cuyo debate continúa sin visos de acuerdo, al menos a corto y medio plazo.

Iniciativas parlamentarias, sentencias que obligaban a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, a asumir los costes de la atención médica en hospitales públicos, además de profesionales sanitarios funcionarios de Prisiones, que reclaman más personal y mejoras salariales, que tampoco llegan. En la cuestión de financiación económica parece estar el quid de la cuestión: elevado gasto farmacéutico y de recursos humanos.

El Centro Penitenciario de Almería - El Acebuche cuenta en la actualidad con un servicio sanitario integrado por cinco especialistas en Medicina de Familia, 12 enfermeras y 5 auxiliares de clínica, tal y como ha detallado el delegado sindical de CSIF en el Acebuche, José Hernández quien ha considerado que con la dotación actual “no estamos mal si nos comparamos con otras provincias andaluzas”.

“En las guardias puede haber una diferencia económica de entre 600 y 1.000 euros entre un médico del SAS y un funcionario de Instituciones Penitenciarias”

“Contamos con cinco médicos para una media de entre 800 y 900 internos que se encargan de la Atención Primaria de los presos con consultas de lunes a viernes, además de un servicio de urgencias 24 horas”. “El problema de que no se lleve a cabo el traspaso de competencias se refleja en que serían necesarios más profesionales, de especialidades --como por ejemplo salud mental--, y mejor remunerados. “En las guardias puede haber una diferencia económica de entre 600 y 1.000 euros entre un médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y un funcionario de Instituciones Penitenciarias”.

No obstante, y a pesar de que la sanidad de los presos se encuentre en un limbo legal, la asistencia sanitaria de los internos de El Acebuche “está garantizada” y a un nivel “óptimo” tal y como ha asegurado el director del Centro Penitenciario, Miguel Ángel Ángel de la Cruz. “Existe una colaboración directa con el SAS y cuando el interno lo requiere es derivado por los profesionales sanitarios de la prisión al Hospital Universitario Torrecárdenas”. Allí se le realizan las pruebas necesarias y si hay alguien que requiere ser hospitalizado Torrecárdenas cuenta con una Unidad de Custodia Hospitalaria para aquellos internos que no tienen autonomía en sus movimientos, a nivel judicial.

"La sanidad es uno de los aspectos que mejor atendemos”

De la Cruz ha considerado que igual que en su día fueron transferidas las competencias de Educación a la Junta de Andalucía, “en el ámbito sanitario no tiene por qué haber una sanidad distinta en la prisión a la del resto de ciudadanos”. Si bien “es uno de los aspectos que mejor atendemos”, ha insistido. Hasta El Acebuche se desplazan especialistas como el odontólogo y el psiquiatra. Sobre esta última especialidad el delegado de CSIF ha considerado que “sería necesario reforzarla en el centro desde donde cuando se detecta un caso de gravedad es trasladado hasta el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla o de Alicante”.

En Andalucía hay alrededor de 13.000 reclusos, 400 profesionales sanitarios, 14 cárceles, cinco de inserción social y un hospital psiquiátrico, cuya responsabilidad sanitaria continúa a la espera de una respuesta de las distintas administraciones.

Desde el Ministerio del Interior han informado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya ha realizado el ofrecimiento a las comunidades autónomas que no tengan asumidas las competencias sanitarias para que insten a asumirlas. La última en sumarse ha sido Navarra, que lo hacía la pasada semana, País Vasco y Cataluña.

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