El 'secuestro judicial' de un asesino

El almeriense Pompeyo Miranda, de 45 años, alto y enjuto, el que fuera considerado durante años el enemigo público número uno de Bolivia, ha recibido un auténtico varapalo de la justicia española. Preparaba su salida de prisión, después de 19 años de cárcel por dos asesinatos cometidos en el país andino, y 48 horas antes de que llegara a su celda la orden de excarcelación desde la Audiencia Nacional le comunicaron que el juez había anulado su libertad. La Sala de lo Penal le ha aplicado la doctrina Parot y le quedan otros 15 años de prisión, pese a estar amparado por el Tratado de 1990 entre España y Bolivia sobre la transferencia de condenados que prohibe sumar penas cumplidas en paralelo. Pompeyo Mirada, que nació en Almería el 7 de julio de 1965 y pasó su infancia en una vivienda en El Quemadero, había regalado sus ropas a otros presos y planificado una nueva vida sin rejas. Imaginó el reencuentro con amigos que todavía conserva en la capital, aunque con la mirada puesta en volver a Sudamérica porque sus familiares directos ya murieron. Ahora tiene primos y tíos que le esperan en Bolivia y una mujer en Brasil. "Se han saltado a la torera la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Me suman una condena de 15 años que ya ha quedado extinguida", reconocía el propio Pompeyo Miranda en declaraciones a El País. Su abogado, Tomás Martínez, quien ha remitido la hoja de cálculo de su condena a este periódico, dice que "debe aplicársele la legislación boliviana y no la española y mucho menos la doctrina Parot". Por eso quieren que vuelva a Bolivia y están a la espera de las gestiones que iniciaron con la embajada de Madrid. "Hemos recurrido ante el Supremo porque ya debería estar en la calle". De hecho, el cálculo de la administración penitenciaria española dio luz verde a su excarcelación, pero con la doctrina Parot (que se creó para prolongar el encarcelamiento de los presos de ETA) los 30 y 15 años de sus condenas, por asesinar a su pareja y a un mafioso brasileño, se suman y no se cumplen en paralelo y sobre ese total se aplica el descuento de los beneficios penitenciarios. Pompeyo Miranda Ruiz comenzó a delinquir en su adolescencia. En los archivos policiales almerienses le constan, informa José Ángel Pérez, hasta seis detenciones por robos y amenazas. El 4 de septiembre de 1989 fue detenido en Melilla por agentes del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil y fue acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. "Me pillaron con 37 kilos de hachís. En parte me vine por eso". Tras abandonar nuestro país, se desplazó hasta Bolivia para convertirse en enemigo público número uno. Sus andanzas corrían de boca en boca. Cuando sus crímenes inundaron las páginas de los periódicos, Pompeyo Miranda se convirtió en leyenda. Y por eso resulta imposible que los trabajadores penitenciarios y sus compañeros de las cárceles de Chonchocorito y Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, se olviden de un almeriense que en su día fue conocido como el Hannibal Lecter español, el carnicero. Su vida da para escribir una novela, con tintes dramáticos. Asesinó en 1991 a su pareja estadounidense porque le acusaba de que no le complacía en la cama. Le machacó la cabeza a un compañero de celda con unas pesas de cemento porque le robó el champú que le había regalado el embajador de España y asestó más de una decena de navajazos mortales a Luis Marcial Delgadillo, el jefe de la mafia brasileña en su prisión, en 1994. También lideró una fuga masiva dos años antes. Aprovechando un corte de luz escapó junto a 20 reclusos y llegó hasta Lima. El FBI puso precio a su cabeza porque la americana asesinada era del Cuerpo de Paz estadounidense. Huelgas de hambre y autolesiones como señales de protesta aparecen en un largo historial que pocos han olvidado. "No se olviden de mí, algún día volveré", prometía este almeriense cuando fue extraditado, a petición propia a España, al sufrir la crudeza de las cárceles del país andino. Es, precisamente, lo que quiere hacer. Volver a Bolivia y salir a la calle al serle aplicada su legislación. Hace años, antes de que su condena estuviera a punto de cumplirse, Miranda aseguraba que "no salgo porque dicen que tengo transtornos psicológicos. Bueno, pues si los tengo, ¿por qué no me tratan?, En tres años que estuve en Granada no me examinó nadie. Y ahora viene una psicóloga que ha leído la sentencia de Bolivia y me dice que lo mío no tiene cura. Eso es lo más fácil". No ve la luz al final de un largo túnel.