Dos tomos de considerable tamaño, con un total de páginas que oscila entre las 1.200 y las 1.300. A excepción de una docena de los folios incluidos entre las actuaciones, el titular del Juzgado de de Instrucción número 5 de Almería levantó ayer casi en su totalidad el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias de la causa del niño Gabriel Cruz.

Un auto comunicado por Lexnet, que a última hora de este miércoles no habían recibido los abogados Francisco y Miguel Ángel Torres, acusación particular en nombre de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor asesinado, y la asociación Clara Campoamor, acusación popular en la causa, levantaba dicho secreto. A partir de ese momento, todas las partes tendrán acceso a la totalidad de las diligencias, aunque tendrán que acudir al Juzgado para acceder al sumario.

Entre esta gran cantidad de páginas se encuentran los motivos por los que Soriano preguntó este lunes a Ana Julia Quezada, expareja de Ángel Cruz y asesina confesa del niño, si realizó vudú a Gabriel o si intentó descuartizarlo con un hacha, dos cuestiones a las que la investigada por delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral, no quiso responder.

Lo único que corroboró Ana Julia es que la letra de las cartas remitidas a programas como el de "Ana Rosa" sí era la suya. Pero esa es una cuestión al margen de la investigación. En cualquier caso, los abogados podrán conocer los informes obrantes en la causa sobre la autopsia del pequeño, grabaciones telefónicas realizadas a la investigada y todo tipo de periciales y declaraciones de testigos reunidas desde la detención de la dominicana y antes incluso de su arresto.

Una cuestión que no es baladí porque a partir de estos elementos los letrados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez tendrán que articular en su momento su escrito de defensa para intentar demostrar que la muerte se produjo como dice Ana Julia Quezada, de una forma accidental y sin un plan establecido. También serán fundamentales para los Torres, Clara Campoamor y la Fiscalía a la hora de redactar sus respectivos escritos de acusación.

A falta de algún informe que aún pueda faltar y de esa decena de folios, la instrucción se puede dar por prácticamente concluida. Sólo resta que así lo considere el juez Soriano para que dicte el correspondiente auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, en este caso previsiblemente en un proceso en el que habrá un tribunal del jurado por el tipo de delito principal que se le imputa a Quezada, el de asesinato.

Por ahora no ha trascendido el contenido del sumario, aunque cabe recordar que el juez Soriano ordenó el ingreso en prisión Quezada, apuntando que ésta habría asfixiado al menor, que era hijo de su pareja, con sus manos.

El auto de ingreso en prisión dictado en su momento señala también que el hecho de que la detenida sea originaria de la República Dominicana, con familia en dicho país, "hace evidente un elevado y patente riesgo de fuga caso de quedar en libertad".

El juez asegura que resulta "incuestionable" la participación de la detenida en la muerte del menor, "por cuanto no sólo es que ella misma haya reconocido tan luctuoso suceso, sino de que de las intervenciones acordadas judicialmente y pruebas recopiladas, se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen".

En este sentido, Soriano apunta que de las actuaciones judiciales se infiere, indiciariamente, que el 27 de febrero Ana Julia "aprovechó un momento temporal en el cual sabía que se iba a encontrar a solas con el niño, y que la abuela paterna no lo iba a controlar" para trasladarlo hasta la finca de su padre en Rodalquilar, donde lo mató y lo enterró.

El 11 de marzo, "con la finalidad de hacer desaparecer el cuerpo del menor y aprovechando un momento en que se había quedado sola", se trasladó de nuevo al cortijo de Rodalquilar, desenterró el cuerpo del niño y lo introdujo en el maletero de su coche, aunque poco después fue detenida.