El joven condenado a siete años de internamiento por violar junto a dos amigos a su novia, cuando ambos eran menores de edad, se enfrenta a un nuevo juicio por amenazarla. Un procedimiento en el que la Fiscalía de Almería ha interesado 24 meses de prisión para él y para otro joven al que el Ministerio Público acusa de decirle a la víctima: “te vamos a volver a violar”, cuando los tres se encontraron en el festival ‘Solazo’ de Almería.

Esther es la madre de esta chica, ya adulta, que desde los 14 años ha tenido que revivir la agresión sexual grupal en demasiadas ocasiones, y relata junto a su abogado, Miguel Martínez Molina, que recientemente se ha hecho cargo de la representación de la víctima, las dificultades que han salido a su paso para poder formular su correspondiente acusación, ya que aseguran no tener acceso al expediente del caso de violación para poder disponer de diferentes pruebas aportadas por la familia.

“La familia me llamó hace una semana y media para que me personara en un procedimiento que venía del anterior de violación (...) Nos personamos en en el actual por un delito de amenazas graves con reincidencia por parte de dos de los presuntos violadores, uno de los cuales ya fue condenado y el otro resultó absuelto de manera injustificada, ya que tanto la víctima como terceras personas reconocieron el tatuaje que tenía en un brazo, expresiones visuales, las características principales...”, señala el letrado.

“Cuando nos presentamos, el compañero -que anteriormente había representado a la familia- se niega o es poco colaborador a la hora de darnos el procedimiento, que tiene que tener. Según el código de deontología de la abogacía, se debe mantener durante cinco años de forma digitalizada o en papel”, asevera Martínez Molina. Asimismo, el abogado añade que en un primer momento la víctima fue con su madre a Menores para solicitar este expediente. “Le dicen que no, que tiene que ir con un profesional. Automáticamente, al día siguiente voy con ella y en Menores me dicen que no me van a dejar el procedimiento, y que en todo caso haga la comparecencia y que mande un escrito (...) Les hablo de la urgencia que tengo porque el plazo para presentar el escrito de acusación termina el día 8 -de marzo- y necesito esa documentación previa para basarla en ella, ya que son pruebas muy importantes como fotografías, comentarios en redes sociales... Porque este procedimiento está totalmente unido al otro”, incide.

Esther, madre de la víctima.

Esther lamenta también la negativa doble a entregarle el procedimiento completo, y asegura que se ha “callado muchas cosas”a lo largo de los años pero que ahora no lo va a hacer porque se “tiene que saber en la verdad”y “en la calle hay dos supuestos violadores sueltos, y otro que se ha comido el marrón”.

“Las amenazas de “voy a volver a violarte” las considero más duras que las del gesto de “voy a matarte”. Será interpretaciones de la ley, la fiscal interpreta lo que quiere, el juez interpreta, yo interpreto, pero hay dos presuntos violadores andando por Almería. Quien sea madre, que piense en eso”, añade.

El escrito de acusación de la fiscal recuerda que A.M.P. fue pareja de la víctima hasta 2015, año en el que fue condenado por el Juzgado de Menores de Almería por maltrato en el ámbito de la violencia de género. Apunta que, presuntamente, entre las cinco y las seis de la tarde del 11 de mayor de 2019, A.M.P. se encontraba con su amigo J.M.M.L. en el recinto ferial de Almería en el festival ‘Solazo’ cuando se encontró con la víctima. Según la fiscal, el primero se acercó “de manera desafiante”y para amedrentarla y causarle temor hizo “el gesto de cortarle el cuello”, tras lo que el segundo se habría acercado a la chica para decirle al oído: “te vamos a volver a violar”.

Algo que provocó que la joven saliese del recinto “en estado de nerviosismo ante la angustia y desasosiego que le causaron las expresiones proferidas por ambos acusados ante su ilícito propósito de atentar contra su vida y libertad sexual”.

Por estos presuntos hechos, la fiscal pide sendas penas de 24 meses de prisión y dos órdenes de alejamiento de 500 metros durante cuatro años para ambos acusados por un delito de amenazas no condicionales, con la agravante de parentesco en el caso de A.M.P. Asimismo, pide que ambos indemnicen a la víctima con 2.700 euros por los síntomas generados y con 1.200 euros por las secuelas.