La trama del 'caso Vita' debe 20 millones y ha desviado más de seis a particulares

Casi una semana después de que se produjera el registro y la posterior detención del presidente de Marvel Hotels, Josep Maria Morros Llauradó, en su domicilio, en el municipio tarraconense de Castellvell del Camp, se conocen nuevos datos de la presunta trama hotelera, el 'caso Vita', que ha destapado la Policía autonómica catalana.

Ya son ocho las personas detenidas y seis las imputadas, tras el registro de tres domicilios de los jefes de la organización, a lo que hay que añadir dos inspecciones, en el Hotel Comarruga, en Tarragona, y el Hotel Vielha, en Lleida, según los agentes de la Policía de la Generalitat - Mossos de la Unidad Central de Delitos Socioeconómicos y Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal.

Hasta el momento sólo ha trascendido de forma oficial el nombre de Morros Llauradó de entre los detenidos, que ha quedado en prisión sin fianza, después de declarar en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Tarragona, mientras que al menos seis personas deberán prestar declaración ante el juez en los próximos días por su implicación con el 'caso Vita'.

Según los Mossos, entre los delitos de los que se acusa a los ocho detenidos figuran la quiebra fraudulenta, insolvencias punibles y alzamiento de bienes, defraudación a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación, que ha durado más de un año y medio, se inició a raíz de la declaración de concurso de acreedores de una empresa holding de un grupo hotelero, en concreto, Marvel Hotels, presidida por Morros Llauradó. La Fiscalía Provincial de Tarragona, ya desde un primer momento, vio irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos por parte del titular de esta empresa y que a la postre se encuentra en prisión desde hace casi una semana.

En la primera fase de la investigación, tutelada por la Fiscalía de Tarragona, los Mossos d'Esquadra detectaron un vaciado de activos y patrimonio de la compañía concursada en favor del fin de la organización y su entorno familiar más directo por un valor superior a los 1.500.000 euros, según ha podido conocer Diario de Almería de fuentes de la Policía autonómica catalana.

Ya con todos estos indicios probados los investigadores emprendieron la segunda fase, con diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Tarragona. Las pesquisas permitieron descubrir que la presunta organización criminal había creado una inmensa red societaria de más de 40 empresas, "entre las que destaca una importante cadena hotelera", continúan fuentes de los Mossos d'Esquadra, a efectos de "dificultar cualquier investigación que se pudiera realizar de carácter penal, económico, mercantil, financiero o tributario".

En este caso los Mossos comprobaron que una de las formas de vaciado de bienes había consistido, presuntamente, en el envío de dinero hacia Andorra, Rumanía, Brasil y Gran Bretaña, países donde existían otras compañías creadas por la organización así como cuentas corrientes de su máximo responsable.

Además, los detenidos habían desarrollado, presuntamente, otras formas de vaciado de bienes tales como la constitución de gravámenes ficticios, simulación de operaciones mercantiles y contractuales, ampliaciones de capital fraudulentos por parte de los socios, cargo de gastos y uso de tarjetas bancarias a nombre de las sociedades por parte de los investigados a título particular.

Josep Maria Morros Llauradó cerró un acuerdo a finales de 2012 con el presidente de Citymar, Miguel Rifá, cuya puesta de largo oficial se llevó a cabo en enero de 2013, durante el transcurso de la edición de ese año de la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, un convenio que consistía en la integración de los hoteles de ambas compañías, media docena de Marvel Hotels, y una quincena de Citymar, siete de ellos en Almería, para operar bajo la marca Vita Hoteliers. Se da la circunstancia de que Marvel Hotels se declaró en concurso de acreedores en 2013, de ahí el presunto desvío de capital al extranjero, pues debería haberse destinado a pagos del citado concurso.

A estos impagos del concurso se unen los de numerosos proveedores y empleados, que acumulan en los últimos meses retrasos e impagos en una plantilla de más de 300 trabajadores, que en temporada alta como la que se vive en la actualidad, supera los 500 empleados.