EL enfrentamiento institucional creado entorno a Doñana y a la proposición de Ley que tramita el Parlamento de Andalucía para regularizar la situación de alegalidad en la que llevan muchos años un buen número de agricultores de la Corona Norte del espacio protegido se ha convertido en un serio problema para el Gobierno andaluz.

No importa que la norma que se pretende aprobar busque resolver un problema social enquistado durante años y que el PSOE no supo solventar mientras gobernó la Junta de Andalucía: 37 años no dan para tanto. Tampoco que el articulado no legitime, sino más bien lo contrario, el uso de un acuífero vital para la supervivencia del Parque Nacional.

Por más que fuese una promesa electoral, la tramitación por la vía de urgencia en plena campaña electoral se le ha vuelto en contra al Partido Popular y al presidente Juanma Moreno y constituye un serio traspiés político, el primero de calado desde que Gobierna Andalucía.

No hay duda de que al Gobierno de Pedro Sánchez no le interesa realmente Doñana (bastaba con haber hecho realidad la ley que aprobó en 2018 para asegurar la llegada agua no sólo al humedal protegido, sino también a su entorno), y que lo único que le importa en menoscabar la imagen y la popularidad del presidente andaluz, al que no ha dudado en menospreciar e insultar.

El PP-A tiene razón al mostrarse tranquilo en que la polémica tendrá poco coste electoral, porque Doñana no va a ser un factor que determine a qué alcalde votan los andaluces o qué presidente autonómico en las comunidades donde se renuevan los parlamentos regionales. Pero sí está logrando un desgaste para los populares andaluces y el propio Moreno Bonilla.

El hito que lo cambia todo es la postura adoptada por la Comisión Europea, que, con contundencia, le señaló que la proposición de ley va “en sentido contrario” a lo sentenciado por el TJUE al respecto.

La firmeza de la Comisión va a obligar al Ejecutivo andaluz a rectificar, incluso aunque sean ciertas sus acusaciones sobre partidismo en la forma en que se ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente tras recibir al consejero andaluz o que el escribano, como denunció ayer Antonio Sanz, sea hijo del ministro Luis Planas. Así que ¡agua!

Porque Pedro Sánchez, y su maquinaria de propaganda, va a estar erosionando durante meses al PP por este asunto y utilizará su influencia sobre la Comisión Europea, incluida su fluida relación con Ursula von der Leyen, para hacer palanca contra el PP y uno de sus principales referentes de aquí a las Legislativas de fin de año.