El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Parlamento de Andalucía autorización para la firma de un convenio de colaboración entre Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta para el traslado de niños y adolescentes migrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria.

El futuro convenio -que será refrendado a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad andaluza y de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ceutí- tendrá por objeto coordinar las actuaciones entre ambas administraciones públicas para la protección de los menores que sean trasladados desde Ceuta a Andalucía de acuerdo con el Plan de Respuesta aprobado por la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia en octubre de 2022.

De este modo, pretende ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños y adolescentes migrantes no acompañados entre las dos partes de manera ágil y de manera estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

Por ello, ambas administraciones se comprometen a llevar a cabo todas las actuaciones administrativas para la asunción por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la tutela de estos menores. Este acuerdo, que no supone obligación económica alguna para las arcas de la administración andaluza, se financia con fondos estatales que el Gobierno reparte entre las comunidades autónomas afectadas, como las Islas Canarias, Ceuta o Andalucía, entre otras.

En concreto, Ceuta asume los gastos derivados del traslado de los menores de edad y del personal que los acompañe desde el dispositivo de partida hasta el recurso que señale Andalucía, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contribuirá con 500.000 euros.

Así, el número total de menores migrantes no acompañados que serán acogidos por Andalucía conforme al Plan de Respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 será de 38, para cuya financiación el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará la cantidad de dos millones de euros.

Los gastos que se financiarán con cargo a esta asignación serán todas aquellos destinados a la atención inmediata y la acogida de estos menores trasladados, así como las acciones de información, orientación, apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o familiar.

Además, todas las comunidades autónomas que aportan más de 30 plazas, como es el caso de Andalucía, recibirán 500.000 euros para posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y gastos estructurales ya que este acuerdo no está limitado a los 38 menores asignados, sino que comprende traslados posteriores que puedan realizarse. Europa Press