La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una condena de cuatro años de cárcel para el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por la contratación ilegal del ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), al que creó un puesto de trabajo "ad hoc" tras perder las elecciones municipales de 2003 y en el que "no desempeñaba trabajo alguno".

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que acusa al ex director de la Faffe y al ex alcalde socialista de Lebrija de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para Fernando Villén -que tiene otra causa pendiente por el uso de las tarjetas de la fundación en clubes de alterne-, solicita una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de malversación y prevaricación, mientras que para el ex regidor lebrijano pide dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como "cooperador necesario" de los mismos delitos, según han indicado a este periódico fuentes del caso.

En el caso del ex alcalde socialista, la pena es inferior porque el fiscal le aplica la circunstancia atenuante del artículo 65.3 del Código Penal, que permite imponer una pena inferior en grado "cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor". 

El ex alcalde de Lebrija Antonio Torres, en el Ayuntamiento.

En cuanto al relato de los hechos de la acusación, el fiscal explica que Antonio Torres perdió la alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003, tras haber sido alcalde de la localidad sevillana durante 24 años, y que a partir de ese momento el ex regidor "desencadenó su contratación" en la Faffe. Así, fue el propio Antonio Torres quien acudió directamente al director de la fundación "pidiendo trabajo y éste accedió, con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe", pero este cometido era según el Ministerio Público "innecesario", pues la fundación "venía siendo financiada con numerosas subvenciones menciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público".

Un puesto "ad hoc", fijo y con sus propias condiciones laborales

Además, el fiscal dice que no hay constancia de que Torres se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, y con respecto a su contratación por la Fundación, el ex alcalde socialista "exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo, a lo que accedió igualmente" Fernando Villén y también "impuso sus condiciones salariales", sostiene la acusación del Ministerio Público.

Como en el organigrama administrativo de la fundación no se contemplaba un puesto para Torres el director de la Faffe, prosigue el fiscal, "creó uno ad hoc", a propósito para él que "denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas".

Este departamento es "inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito" y, de hecho, el ex alcalde "no acudía a la sede de la Fundación, ni desempeñaba trabajo alguno". A pesar de ello, Torres se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constaban sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la Faffe, con el logotipo de la Junta de Andalucía.

Y no tenía más dependencia jerárquica y funcional que la de Fernando Villén, dice el fiscal, que añade que Torres "nunca se integró en el comité directivo, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la Fundacion, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos".

El ex alcalde fue finalmente contratado, suscribiendo "personalmente" Fernando Villén su contrato el 13 de julio de 2003, con una retribución anual de 46.750 euros, como "gestor de recursos municipales con categoría de mando". "Los escasos trabajos, reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones, hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sus relaciones jurídicas se subrogaran en las mismas, lo hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail".

Desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y una vez incorporado al SAE Antonio Torres percibió un total de 491.203,03 euros, cantidad que Anticorrupción reclama que ambos acusados indemnicen a la Junta de Andalucía, además de las penas de cárcel y de inhabilitación mencionadas por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que les atribuye. 

La Fiscalía ha citado como testigos a 13 trabajadores de la Faffe para cuando se celebre el juicio en la Audiencia de Sevilla.