La Sección Cuarta de la Audiencia ha previsto que se celebren hasta 23 sesiones de este juicio entre los meses de marzo, abril y mayo de 2022, con lo cual este juicio terminará después de que tenga lugar la vista en el Supremo y a la espera de la decisión que el Alto Tribunal pueda adoptar en relación con ese primer juicio, cuyo fallo puede incidir incluso en las más de un centenar de piezas que todavía deben ser enjuiciadas.

En este nuevo juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

En enero de 2020, el juez José Ignacio Vilaplana requirió a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que prestaran fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello con la finalidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, dado que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que este conglomerado de empresas del corcho percibió un total de 8.408.096,42 euros de subvenciones de la Junta.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento. En marzo de 2020, la Audiencia exculpó de esta pieza a un sexto investigado, el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, Manuel Enrique Rodríguez Contreras. 

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los cinco investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.

El escrito que firman las fiscales de Anticorrupción María José Sánchez Martínez y Nazaret Salguero, señala que la empresa Corchos de Cazalla que, junto a Cochos y Tapones de Andalucía (Cortansa), se encontraba en dificultades financieras que llevarían a la quiebra a esta última, se constituyó en noviembre de 1995 para la fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería. El acusado Rogelio Becerra, que "coincidió como concejal del Ayuntamiento de Cazalla" con Ángel Rodríguez de la Borbollacuando era alcalde, era el administrador de la empresa desde 1998, mientras que Rodríguez de la Borbolla fue apoderado además de socio en más del 50% a partir de 2003.

Según la Fiscalía, ambos acusados eran "sabedores de que la Junta de Andalucía, a través de la dirección general de Trabajo y al margen de procedimiento legalmente establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata", por lo que consiguieron que el director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido- beneficiara a la empresa con ayudas por importe de 3.003.036,21 euros.

De estos tres millones, 1,8 se correspondían con dos subvenciones para llevar a cabo la fusión definitiva de Corchos de Cazalla y Cortanza; y 1,2 millones eran una ayuda concedida en 2007 con el único fin de "potenciar el reforzamiento del tejido industrial, el empleo de calidad y el aumento del mismo desde una empresa transformadora de recursos endógenos", por lo que el Ministerio Público considera que "ninguna de las dos ayudas a la empresa tiene un objeto concreto y definido".