La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado este martes un auto en el que incoa la ejecución de la sentencia del denominado "procedimientos específico" de los ERE y pide a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP para que se pronuncien sobre la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de cárcel por malversación mientras se tramitan los indultos parciales que todos han solicitado al Ministerio de Justicia.

En el auto, la Sala da cuenta de la composición del tribunal que se va a encargar de la ejecución del fallo, que está integrada por los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado, y requiere asimismo a los condenados por el delito prevaricación, entre ellos el ex presidente de la Junta Manuel Chaves para el "cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados" por la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019 y que ha sido confirmada el pasado 14 de septiembre por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En concreto, fueron condenados por prevaricación a distintas penas de inhabilitación Manuel Chaves -nueve años de inhabilitación-, los ex consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el ex director de Idea Jacinto Cañete.

En la resolución, la Audiencia señala que el artículo 904 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que contra las sentencias dictadas en casación "no se admite recurso alguno", de lo que "se desprende que la sentencia dictada en casación es firme desde el mismo día en que se dicta, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 988 de la misma ley, procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello". A continuación, la Sala solicita a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que informe sobre la suspensión de la ejecución de las penas de prisión después de que los nueve ex altos cargos hayan solicitado el indulto parcial. 

Con respecto a las penas de prisión, el auto da traslado a la Fiscalía y a la acusación popular de los escritos presentados por las defensas de los ex altos para que "informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados" por estos nueve ex altos cargos.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a seis años de cárcel por un delito de malversación, a José Antonio Griñán, en relación con el pago de 680 millones de las ayudas de los ERE. Los otros ocho ex altos cargos que también han solicitado el indulto son los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los ex viceconsejeros Jesús María Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel, mientras que Antonio Fernández fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión; José Antonio Viera a siete años y un día de prisión; Carmen Martínez Aguayo a seis años y dos días de prisión; Francisco Vallejo a siete años y un día de prisión; Agustín Barberá a siete años y un día de prisión; Jesús María Rodríguez Román a  seis años y dos días de prisión; el ex director general de Trabajo Juan Márquez a tres años de prisión y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar a seis años, seis meses y un día de prisión.