La vocal del consejo de administración de Invercaria y ex secretaria general de desarrollo industrial y energético de la Consejería de Innovación Isabel de Haro Aramberri ha asegurado este miércoles en su declaración en el cuarto juicio de Invercaria -por los préstamos de 359.581,6 euros concedidos a la empresa Fumapa- que el consejo de Administración de la sociedad nunca tuvo "duda o sospecha" ni recibió ninguna "alerta" de que los proyectos que se sometían a su aprobación no habían pasado el "filtro" que estipulaba el Plan Director de Invercaria y que por tanto se había efectuado un análisis económico de los mismos.

Isabel de Haro ha defendido en su declaración ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que los miembros del Consejo de Administración de Invercaria actuaban en la "total confianza" de que se cumplía dicho plan director, que establecía que debía existir un análisis de cada proyecto por el departamento de Inversión, que a su vez lo elevaba al Comité de Inversiones y si recibía una valoración positiva es cuando se pasaba al consejo de administración.

En dicho consejo, ha continuado Isabel de Haro se efectuaba una valoración "estratégica" del proyecto, si era relevante desde un punto de vista estratégico para algún sector de la economía andaluza, y cuando los proyectos llegaban "suponían que habían pasado el filtro del análisis económico" y cuando votaban lo hacía en la creencia de que se habían seguido todo el proceso establecido en el Plan Director, ha advertido, añadiendo que en algunas ocasiones dichos proyectos de inversión finalmente no se aprobaban.

La vocal ha explicado asimismo que la sociedad pública de capital riesgo no estaba regida por "ninguna norma administrativa", sino que se le aplicaba la legislación mercantil, y ha defendido que el consejo de administración no tenía ninguna función fiscalizadora con respecto a la documentación que se presentaba de cada proyecto, porque simplemente no tenían "competencia ni responsabilidad en el control" de estos proyectos, aunque sí ha dicho que en "todos" los casos que se sometían a la aprobación del consejo disponían los vocales de la propuesta de inversión favorable y además la documentación estaba a disposición de los vocales. "Estaba convencida y me fiaba de que los proyectos habían sido evaluados por el Comité de Inversiones", ha insistido Isabel de Haro, que ha rechazado que el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo hubiese asegurado en alguna ocasión que debía aprobarse algún proyecto porque provenía directamente del entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo.

En el caso concreto de Fumapa, la ex vocal de Invercaria ha destacado que tenía todas las consideraciones para ser considerada como "estratégica" porque se trataba de una empresa del sector industrial -su objeto social era entre otras la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal- y el objetivo era su diversificación, por lo que Fumapa "tenía un enorme interés".

Sobre el hecho de que en las cuentas anuales de Invercaria figurasen saldos negativos millonarios, ha señalado que en las inversiones de capital riesgo el "deterioro suele ser del 70/80% de la cartera de inversiones, aunque Invercaria tenía un porcentaje de fallidos inferior a la media" de estas sociedades, al tiempo que ha explicado que en los primeros cinco años las empresas suelen dar pérdidas y además sobrevino la crisis económica mundial de 2008, que influyó en la evolución de estas empresas. 

En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión y 25 años de inhabilitación para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público pide las mismas penas de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete, y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, les reclama dos años y medio de cárcel y seis inhabilitación para cada uno como inductores de los delitos de prevaricación y malversación.