El ex director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos ha asegurado este miércoles en el séptimo juicio de esta macrocausa que el entonces presidente de la sociedad, Cristóbal Cantos, aprobó la inversión en Own&Spa por el "interés estratégico", a pesar de que su valoración técnica fue negativa e incluso "paralizó" la inversión cuando fue analizada en su departamento tras reunirse en tres ocasiones con los promotores, entre los que se encontraba el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno.

En el juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, Cristóbal Cantos ha comparecido como testigo para afirmar que el proyecto de inversión llegó en Own&Spa llegó en enero de 2007 a Invercaria a través de director de coordinación. El proyecto era en ese momento una idea, una "startup" en la que sólo se aportó un "power point" hablando de los beneficios de la hidroterapia y los balnearios, por lo que en el departamento de Promoción se solicitó un "plan de negocios" que entró en Invercaria unos meses después, en concreto, en enero de 2007.

Cantos ha explicado que la petición de inversión a Invercaria pasó por tres momentos, una inicial en la que se aseguraba que para la puesta en marcha del negocio se necesitaban dos millones de euros y se solicitaba  a la sociedad de capital riesgo 300.000 euros en "préstamos participativos"; una segunda en la que se elevaba a 1,2 millones la inversión como capital social; y la tercera, en enero de 2008, en la que se pedían 600.000 euros, la mitad como un préstamo participativo y el resto como participación en el capital social.

Own&Spa tenía dos tipos de socios, ha proseguido Cantos, la empresa matriz My Spa, que disponía del 80% del capital social -unos 2.000 euros-, mientras que el 20% restante eran socios privados que iban a aportar 250.000 euros, algo que le "llamó la atención", porque estos socios "entraban con prima" en la sociedad y con esa inversión estaban valorando la sociedad en "1,2 millones", ha precisado el directivo, que ha añadido que planteó en el comité de dirección de Invercaria "paralizar" el proyecto porque "no le veía futuro".

Sin embargo, ha indicado que el presidente, Tomás Pérez-Sauquillo "intervino" en ese comité de dirección y dijo que iba a preguntar por el "interés estratégico" del proyecto, algo que, según Cristóbal Canto, no es un criterio técnico y no sabe a qué se refiere. Ha añadido que no tuvo conocimiento del resultado de esa gestión y ha dicho que, a su juicio, "no hubo ningún cambio que aconsejara la inversión".

Cantos mantuvo hasta tres reuniones con los responsables de Own&Spa, con Manuel Vizcaíno y su hermana, también acusada, y tras el último encuentro, el 31 de enero de 2008, "paralizó" la inversión, pero los promotores enviaron un tercer plan de negocio en el que decían que necesitaban hacer una inversión de tres millones de euros y los socios iban a aportar "menos capital", subiendo además los precios, las ventas y los sueldos de los directivos, todo lo cual le ha llevado a calificar la propuesta como un "brindis al sol". 

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que "a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto, que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento inversor establecido en el plan director de la compañía, el acusado Tomás Pérez-Sauquillo decidió personalmente conceder la ayuda". Así, el 23 de julio de 2008 se celebró un consejo de administración en el que presentó el proyecto al resto de consejeros, "en realidad sólo a Bienvenido Martínez, el único consejero asistente junto al acusado", al que manifestó que esta inversión había sido aprobada por el Comité de Inversiones.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto Patiño reclama una condena de dos años y medio de prisión y seis años de inhabilitación al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, al que considera "inductor" de sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con el préstamo de 150.000 euros concedida a la empresa Own&Spa, de la que era consejero y socio promotor.

El Ministerio Público solicita la misma condena de dos años y medio de cárcel para la hermana del presidente del Cádiz, María Ángeles Fernández, consejera delegada de la empresa, como inductora de los mismos delitos, y eleva a seis años de cárcel y diez años de inhabilitación la pena que reclama para el tercer acusado, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, al que atribuye la autoría de los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la intervención en esta mercantil.