El Ministerio de Industria ha rebajado de forma drástica la previsión de desarrollo de la energía eólica marina en España en el último borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020. En este documento, aún provisional, el Gobierno limita el objetivo de generación de esta fuente en 2020 de los 3.000 megavatios (MW) que estaban incluidos en la primera propuesta del plan energético hasta los 750 MW. El recorte, más que una declaración de intenciones, es el reflejo de la realidad del un sector que se diluye, antes de arrancar, a causa de la nula apuesta del Gobierno, la falta de consenso social y el cansancio de los promotores tras años de expectativas frustradas.

En 2007, el Gobierno había aprobado un Real Decreto (1028/2007) que enumeró los procesos administrativos que tienen que superar los proyectos de eólica marina. Este documento estaba acompañado de un estudio ambiental que descartó los aerogeneradores a menos de ocho kilómetros de distancia de la costa y clasificó las zonas del país en aptas, aptas con condicionantes y no aptas para la instalación de turbinas. La mayoría de la costa gaditana quedó incluida en la segunda figura, por lo que la puerta para los parques marinos quedó entreabierta.

Tras el Real Decreto de 2007, el Gobierno socialista mostró su disposición para recibir proyectos empresariales. Posteriormente, adjudicaría localizaciones de forma que cada compañía pudiera estudiar a fondo el recurso eólico y la viabilidad de su explotación. Industria recibió más de treinta propuestas, pero todas siguen hoy en el cajón, tal y como han denunciado los promotores.

Hay ejemplos en la costa gaditana. Una decena de empresas optan (o al menos, optaban hace dos años) a construir parques eólicos marinos en varias localizaciones de la costa de Trafalgar y en la Costa Noroeste.

Pero ahora, todos los proyectos están parados en el país, salvo algunas iniciativas de carácter experimental y de innovación y desarrollo que se desarrollan en Cataluña y Cantabria. El desempeño de los investigadores está centrado en el diseño de plataformas flotantes que permitan la instalación de aerogeneradores a grandes profundidades, salvando de esta forma el escaso tamaño de la plataforma continental de la Península Ibérica. Cuando los molinos floten, podrán ubicarse en emplazamientos alejados del litoral y reducirán su impacto en las localidades costeras, siempre recelosas de los aerogeneradores. Esta solución, en cualquier caso, es sólo una promesa tecnológica, una alternativa a muy largo plazo.

Actualmente, el margen de reducción de la eólica off-shore es la única información acerca de este sector que ha trascendido del contenido del borrador. Para superar los objetivos del 20/20, o que 20% del total de energía consumida en 2020 proceda de renovables (España situó su objetivo en el 22,7%), el país planeaba emplear 3.000 MW procedentes de turbinas instaladas en el mar. Ahora revisa esa planificación, limita su afán hasta el 20,8% y estima que tan sólo dispondrá de 750 MW procedentes de las turbinas off-shore cuando termine la década. La apuesta de Industria se centra en los parques eólicos terrestres, una tecnología más madura, barata y competitiva. Al menos por ahora.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE, la principal organización de empresas del sector), tras conocer esta modificación, señaló a través de un comunicado que la reducción supone que "España no aprovechará todo su potencial off-shore disponible". La AEE lamenta que los 2.250 MW que se han restado a la eólica marina ni siquiera se hayan trasladado al objetivo de la eólica terrestre y entiende que las aspiraciones del plan son "poco ambiciosas pero razonables, dadas las circunstancias económicas actuales". Fuentes de la organización confiaron, no obstante, en que España disponga de parques eólicos marinos.