“No queremos ser contrapoder. No queremos hacer oposición al Gobierno desde Andalucía, como hacía el PSOE”. La frase es de José Antonio Nieto, portavoz parlamentario del PP andaluz. Ayer desgranó los motivos que llevaron al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a solicitar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, actualice la información sobre los ingresos que llegarán a las regiones para que elaboren sus cuentas para 2020. Desde el otro lado, la respuesta es vehemente.

“Sería ilegal”, apuntan fuentes gubernamentales, que se apoyan en un informe de la Abogacía del Estado que rechaza la posibilidad de que un ejecutivo en funciones –como el de Pedro Sánchez– actualice las entregas a cuenta, tal y como exigen las comunidades del PP. Con Juanma Moreno a la cabeza.

A pesar de que los populares aseguran que su objetivo principal no pasa por convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno, lo cierto es que la situación está bloqueada. Y será difícil que se desatasque hasta que no haya un ejecutivo con plenos poderes.

El documento de la Abogacía del Estado, que se hizo público ayer tras una polémica sobre su propia existencia, avala el discurso de María Jesús Montero. Los abogados del Estado ya habían trasladado esta postura al Ministerio de Hacienda verbalmente, pero el informe defiende que “un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo”, explicó ayer Montero en una entrevista .

Lo llamativo es que la dirigente socialista, en la misma intervención, aseguró que estaba buscando una fórmula que permita actualizar las entregas a cuenta. José Antonio Nieto detalló ayer varias fórmulas que harían posible que el Gobierno informase a las regiones de los ingresos que recibirán para sus presupuestos de 2020, pero fuentes de Hacienda las desecharon ayer las dos fórmulas sugeridas por Nieto para salir del entuerto.

La primera consiste en que el Ejecutivo permita un mayor endeudamiento a las comunidades a cambio de un mayor control de su propio gasto. Esto, según el PP, no sería un problema para los balances estatales, pues la Administración central se quedaría con el dinero de las entregas a cuenta.

Nieto sugirió que la negativa de Montero a aplicar esta solución puede deberse a un exceso del gasto público realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que descartan desde Madrid. Hacienda considera “incongruente” que la Junta abogue ahora por un aumento del endeudamiento, cuando su política es contraria al mismo y, además, el PP rechazó en 2018 una relajación del objetivo de déficit para las regiones, a lo que aspiraba Montero.

La otra fórmula propuesta por José Antonio Nieto consiste en alcanzar un acuerdo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que solicitó Moreno. El portavoz popular aseguró que las regiones controladas por el PP estarían dispuestas a pactar con el Gobierno socialista el desbloqueo de las entregas a cuenta, pero en Hacienda insisten de nuevo en que el informe de la Abogacía del Estado considera “ilegal” que un ejecutivo en funciones actualice las entregas a cuenta.

Un agujero de 1.350 millones de euros para 2019

Más allá del rifirrafe político, el problema radica en el agujero de 1.350 millones que pueden sufrir las cuentas de la Junta para este mismo año si la situación no se desbloquea. Ese desfase es la diferencia entre la previsión de ingresos que figura en el Presupuesto andaluz –aprobado a finales de julio en el Parlamento– y lo que finalmente recibe del Estado, tanto por las entregas a cuenta como por el llamado mes 13 del IVA. La Junta calcula una diferencia de 837 millones de euros por la no actualización de los ingresos fiscales y otros 513 millones por el IVA.

En la Consejería de Hacienda, Industria y Energía creen que el hipotético agujero que puede figurar en las cuentas andaluzas a final de año es una cuestión de voluntad política. Aseguran que, según la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Gobierno puede actualizar las entregas a cuenta “durante la elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado”. Sobre el mes de IVA, aseguran que se trata de un compromiso de la propia María Jesús Montero y que puede abonarse en cualquier momento y no sólo a través de las cuentas estatales.

José Antonio Nieto también argumentó que la imposibilidad de aprobar reales decretos que esgrime Montero es una “mentira flagrante y absurda” toda vez que el Gobierno socialista en funciones ha utilizado esta fórmula en los denominados viernes sociales y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hizo lo propio en 2016.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, acusó a Montero de chantajear a las regiones que no son del PP.