El Gobierno andaluz de PP y Cs ha evitado una derrota parlamentaria en pleno agosto, pero se ha visto obligado a cambiar sus planes por las presiones de Vox y el resto de la oposición. Este nuevo capítulo en las relaciones entre la Junta y sus socios preferentes ha tenido como protagonista a la agencia de Transformación y Desarrollo Económico, Trade, que es el resultado del primer gran proceso de fusión de entidades del sector público instrumental que promueve el Ejecutivo.

El decreto de creación de este organismo se ha convalidado este martes en una reunión de la Diputación Permanente de la Cámara, pero tendrá que ser tramitado como proyecto de ley, que es la condición que ha puesto Vox para no tumbar este proyecto. No obstante, ha sido Unidas Podemos quien ha salvado el texto, pues se ha abstenido en la votación de su convalidación tras exigir también el trámite por la vía del proyecto de ley.

"Tiene que ser objetivo de debate serio y reposado", ha dicho Alejandro Hernández, el diputado de Vox que ha defendido la postura de su partido al respecto de la fusión de Extenda, la Agencia IDEA, Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento. El político cordobés expuso su rechazo, argumentando que la labor de certificación de fondos europeos que hace IDEA podría asumirla una dirección general de la Consejería de Transformación Económica o que, ante el buen funcionamiento de Extenda, sería mejor dejarla como está. 

Este lance parlamentario ha sido un nuevo ejemplo de la "mala salud de hierro" -en palabras del portavoz del PP, José Antonio Nieto- que tienen las relaciones entre el Gobierno andaluz y sus socios de Vox, casi siempre influenciadas por situaciones ajenas a Andalucía. Durante la legislatura, la formación de derechas ha amagado con dejar caer iniciativas del Ejecutivo tan relevantes como un presupuesto autonómico, pero siempre acaban alcanzando un acuerdo que salva, in extremis, la agenda de PP y Ciudadanos. Sólo con el primer debate de la ley del suelo, la Lista, la sangre llegó al río, lo que provocó un retraso en la tramitación de este texto en medio de una pugna provocada por la acogida de menores extranjeros llegados de Ceuta para aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma provocada por la crisis con Marruecos.

Más allá de las discrepancias concretas sobre la fórmula elegida para impulsar la Agencia Trade, el nuevo encontronazo entre Vox y el Gobierno andaluz tiene de fondo la presión del partido de Santiago Abascal para acelerar al máximo el proceso de reducción del sector instrumental que aconsejan las auditorías externas encargadas para radiografiar a 54 de estas organizaciones. En Vox están convencidos de que estas entidades son un hervidero de "enchufados" por el PSOE y que debe desmantelarse, pero también utilizan este conflicto para azuzar al Ejecutivo regional con la legislatura encarando su final, ensayando una alejamiento según se acerca la fecha electoral, haya o no adelanto.

En el PP y Cs, aunque comparten parte de estas tesis sobre los entes instrumentales, vienen recordando que será difícil aplicar el adelgazamiento que proponen algunos de esos exámenes externos. Sobre todo en materia de reducción de plantillas. De hecho, la propuesta de populares y naranjas pasa por poner en marcha un grupo de trabajo en la Cámara para analizar el resultado de las auditorías de forma paralela al proyecto de reorganización que debe elaborar una empresa externa y que resultará en el plan definitivo de racionalización de estas organizaciones. 

Al otro lado de la oposición, a pesar de que Trade no es el mayor de sus problemas, son muy críticos con estas auditorías y este proceso. El diputado de Unidas Podemos Ismael Sánchez tachó la iniciativa de "pantomima" y echó en cara al consejero Rogelio Velasco que no haya hablado con las plantillas de estas entidades. La coalición de izquierdas votó a favor en la votación de la tramitación del decreto como proyecto de ley, al contrario que el PSOE, que mostró su rechazo tanto a la convalidación del texto como su trámite por la vía del proyecto de ley. Según ilustró el diputado Gerardo Sánchez, lo hicieron por la falta de diálogo y porque, aseguró, el Gobierno y Vox "han escenificado una pataleta y por detrás han acordado su tramitación como proyecto de ley.