La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los incidentes de nulidad planteados por el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por el delito de malversación, contra la sentencia que confirmó estas condenas que ya están siendo ejecutadas por la Audiencia de Sevilla. 

La admisión del incidente de nulidad implica que el Alto Tribunal estudiará las alegaciones de Griñán y de los otros ex altos cargos, y tendrá que resolver sobre la petición que realizó la defensa del ex presidente para que se paralice su ingreso en prisión, aunque la Audiencia de Sevilla ya decidió el pasado 15 de noviembre rechazar la petición de paralizar el encarcelamiento mientras se resuelve precisamente este incidente y ante el indulto parcial planteado.

Esta decisión suponía el inicio de la cuenta atrás para el encarcelamiento de ocho condenados por la malversación de 680 millones de ayudas de los ERE. La Audiencia de Sevilla denegó en un auto dictado este día la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos que fueron condenados a penas privativas de libertad. 

El rechazo de la Audiencia

Ante la Audiencia de Sevilla de nada han servido, por ahora, los alegatos de las defensas de ocho condenados, que habían solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que paralizara la ejecución de la sentencia mientras se resuelven el indulto parcial que todos han pedido, así como el incidente de nulidad planteado contra la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la condena e incluso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que la mayoría de los acusados ha anunciado y que, en concreto, ya ha planteado uno de los acusados.

En el auto, la sala rechazó la suspensión de la ejecución de Griñán y de otros siete ex altos cargos, excepto en el caso del ex director de Trabajo Juan Márquez, que fue condenado a tres años, mientras se tramita el indulto por un plazo de un año "transcurrido el cual sin que se haya comunicado por el Ministerio de Justicia su concesión o denegación se resolverá lo procedente".

De momento, la Sala está tramitando los recursos de súplica que se presentaron contra este auto y después, una vez sea firme la resolución, el tribunal requerirá a los penados "para que comparezcan en el plazo de diez días ante esta Sala para su ingreso voluntario en el centro penitenciario".

Precisamente la defensa de Griñán ha planteado en su recurso de súplica en el que ha pedido que se amplíe a "tres meses" el plazo para su ingreso en prisión por el caso de los ERE, al considerar que la decisión adoptada -el tribunal le ha dado 10 días una vez que la resolución sea firme- le causa "grave daños irreparables y que pudieran ser innecesarios".

El abogado José María Calero, que representa al ex presidente andaluz, ha solicitado a la Audiencia "un plazo prudencial mayor que el de 10 días acordado, para el comienzo del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad –proponemos tres meses-, y dirigir oficios al Gobierno de la Nación y a la Sección 1ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, interesándoles que remuevan los obstáculos que impidan la más ágil tramitación de sendos expedientes en tanto afectan al curso ordinario de la ejecución de una sentencia".

La prórroga que ha pedido Griñán es el último intento para tratar de evitar su inminente encarcelamiento, algo que cada día parece más inevitable, aunque la última palabra corresponde a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que juzgó la denominada “pieza política” de los ERE y que ahora está encargada de la ejecución de la sentencia, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a penas de cárcel a nueve ex altos cargos de la Junta por el delito de malversación relacionado con las ayudas de 680 millones de euros concedidas entre los años 2000 y 2009.