UGT-A ha recurrido la decisión de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato de forma "abstracta" en relación a las ayudas recibidas por Altadis, lo que "genera cierta incertidumbre al no identificar la concreta entidad jurídica a la que dar el referido traslado en concepto de terceros civiles responsables".

En el recurso, el sindicato explica que la estructura organizativa y jurídica de UGT "no supone una organización única", sino "una confederación de estructura jurídica compleja" formada por las federaciones estatales y las uniones de comunidad autónoma, entre las que se encuentra UGT-A. Al hilo de ello, pone de manifiesto que "son las federaciones sectoriales las que tienen entre sus competencias o atribuciones las de intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas con la negociación colectiva y los conflictos laborales que se puedan plantear en las empresas de su sector".

La declaración de responsabilidad civil subsidiaria "obedece al error antes expuesto y genera cierta incertidumbre al no identificar la entidad sobre la cual se declara la responsabilidad civil". Tras ello, el sindicato alude al acuerdo de bases de 3 de noviembre de 2004 relacionado con el compromiso de pago de la Junta a Altadis, señalando que "se podrá comprobar por la juez que se firma por los correspondientes representantes de las federaciones agroalimentarias tanto a nivel autonómico como estatal, dado que ni Francisco Fernández Sevilla, en aquel momento, ni Blanca Uruñuela, han ocupado cargos que conlleven bien la representación de UGT-A bien de UGT Confederal".

"Este hecho, que puede ser comprobable en la documentación obrante en el expediente de Altadis, determina un error en el traslado de las actuaciones en concepto de terceros civiles responsables al sindicato UGT de forma abstracta", por lo que solicita "la concreta determinación de la entidad jurídica a la que se debe dar traslado de las actuaciones en concepto de terceros civiles responsables, y no abstractamente de UGT".

La juez Alaya había citado el martes a declarar como imputado a Fernández Sevilla pero el sindicalista no compareció porque no le fue notificada su imputación por su intervención en el ERE de Altadis, por el que la Junta abonó más de 22 millones para financiar la prejubilación de 173 trabajadores en el año 2005.

El abogado Miguel García Diéguez, que representa al sindicalista, confirmó que no le ha sido notificada ninguna resolución, de ahí que el juzgado tendrá que volver a citar en breve.

Alaya sostuvo en un auto del 27 de junio que el acuerdo que firmaron con la compañía tabaquera suponía un auténtico "cheque en blanco" de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados "discrecionalmente y sin control". Tampoco compareció a declarar y por los mismos motivos Uruñuela Aguado.

La magistrada imputó hace dos semanas al ex secretario general de UGT-A, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCCO y al director de recursos humanos de la tabaquera Altadis. Estas imputaciones de Alaya atienden a la petición que en su día realizó la Fiscalía Anticorrupción. Entre los nuevos imputados, también hay responsables de la empresa A Novo Comlink, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga y que recibió ayudas por importe de otros 35,8 millones.