El dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, ha solicitado a la Audiencia Nacional su absolución en la macrocausa de la operación Madeja, en un escrito en cuya defensa acusa a la juez Mercedes Alaya de desarrollar una investigación “universal y prospectiva, auto-atribuyéndose competencias para la investigación de delitos de las que carecía”.

Esta situación, prosigue la defensa, originó que entre los años 2009 y 2016 “se aperturaran en dicho juzgado [en alusión al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla] una serie de diligencias previas de notoria relevancia pública, todas ellas con un mismo origen: una grabación efectuada por determinados empresarios en relación a unas comisiones que les exigían para obtener unas subvenciones, hechos que fueron investigados por la Policía Nacional”, asegura la defensa en relación al cohecho del caso Mercasevilla.

Tras varios procesos, la Policía es sustituida “sorpresivamente” por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, “generándose otro grupo de casos mediáticos, todos ellos sorprendentemente tramitados siempre por el mismo juzgado instructor número 6 de Sevilla, aunque estos tuvieran tan notoria falta de conexidad como de la que adolece nuestro objeto (caso Fitonovo) con el resto de casos (caso Mercasevilla, ERE, etc.)”.

De esta forma, el abogado de Rafael González Palomo denuncia que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, una infracción que, a su juicio, “rebasa la mera irregularidad de una norma de reparto de asuntos, propia del decanato, y se convierte en una articulada y decidida manera de asumir para sí hechos van siendo encatenados de forma artificiosa, saltando de unos a otros sin la más mínima relación que justificara que el asunto lo siguiera llevando el mismo juez instructor”.

“El caos originado en esta instrucción lleva a relacionar un intento de soborno vinculado con Mercasevilla en 2009 a unos presuntos cohechos en las Islas Canarias o unos regalos a unos funcionarios de Adif en Córdoba”, agrega la defensa, que entiende que “en algún momento, la Guarida Civil/instructora debió decidir parar” porque, a pesar de que la media de acusados rondaba el centenar, la “teoría de los seis grados” (según la cual se prueba que cualquiera puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios) “les llevaba a investigar, a su vez, otro interminable número de personas por hechos absolutamente desconectados del principal”.

El parque infantil en la Comandancia

Por el contrario, la defensa constata la existencia de una “presenta consideración o dádiva para la mismísima Guardia Civil”, en relación con la petición del ex edil del PP Gregorio Serrano de que Fitonovo hiciera gratis un parque infantil en la comandancia de Montequinto” que no ha sido investigada y que “no despertó en la instructora interés alguno”, lo que a su juicio supone una “parcialidad, arbitrariedad y trato desigual”.