El Ministerio de Justicia está tramitando ya los expedientes de indultos de los nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía que fueron condenados a penas de prisión por el delito de malversación en el caso de los ERE, entre los que se encuentran el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de cárcel. El inicio de la tramitación no implica que vaya a producirse una resolución inminente, puesto que, para empezar, mientras el Gobierno esté en funciones, no se pueden conceder indultos, pero sí tramitarlos, como ha aclarado esta semana la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es decir, los indultos no están ni se les espera por ahora, porque además se requieren varios trámites que pueden alargar el proceso durante meses, entre ellos el propio informe del tribunal sentenciador, en este caso la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, y de la Fiscalía Anticorrupción, que previsiblemente se opondrá a la concesión de la medida de gracia a estos ex altos cargos que fueron condenados a penas de entre seis y ocho años de prisión.

Además, el escenario de los indultos no afecta por igual a los nueve ex altos cargos que fueron condenados por la malversación de más de 679 millones de euros. Así, un hipotético rechazo de los indultos no tendría, a priori, consecuencias para el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, a quien la Audiencia de Sevilla ha suspendido durante cinco años su ingreso en prisión por el cáncer que padece, por lo que la resolución del indulto, no parece una prioridad en su caso.

Tampoco afectaría al ex consejero de Empleo José Antonio Viera -que fue condenado a siete años y un día de prisión- y que actualmente está ya disfrutando del tercer grado penitenciario que le ha sido concedido también por la enfermedad grave que padece. 

Y un tercer ex alto cargo, el ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, también tiene concedida durante un año la suspensión de su ingreso en prisión -el Tribunal Supremo rebajó su condena a tres años de prisión- precisamente mientras se tramita su petición de indulto.

El ex director de Trabajo Juan Márquez, en los juzgados de Sevilla.

De esta forma, el indulto sólo afectaría a seis de los nueve ex altos cargos que fueron condenados por el delito de malversación en el juicio de la denominada "pieza política" de los ERE. Pero es que además cuando se resuelvan los indultos, la situación de los condenados puede haber variado sustancialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los ex altos cargos que están actualmente encarcelados están a punto de cumplir un año de privación de libertad.

La primera en entrar, en diciembre de 2022, fue la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, que fue condenada a seis años y dos días de prisión, mientras que el resto lo hicieron en enero de este mismo año 2023. 

Además, cuanto más tarde el Gobierno en resolver sobre los indultos de los condenados más cerca estarán de disfrutar de los primeros permisos de salida de prisión, del tercer grado penitenciario y, a continuación, de lograr la libertad condicional. 

Los primeros permisos de salida en mayo y junio de 2024

Las leyes y reglamentos penitenciarios establecen que a partir de que se cumpla una cuarta parte de la condena, los presos pueden disfrutar de permisos (36 días al año como máximo) que se conceden a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel, con la finalidad de que los internos vayan preparándose para su reinserción en la sociedad. De acuerdo con esta regla, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román -quienes tienen las condenas más pequeñas de todos los ex altos cargos, seis años y dos días de prisión- podríán disfrutar de los primeros permisos cuando hayan cumplido los 18 meses de prisión, es decir, para los meses de mayo y junio de 2024. 

Algo más tarde disfrutarían de esos primeros permisos el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -quienes fueron condenados a 7 años y un día de prisión cada uno- y que podrían salir de permiso cuando cumplan 21 meses de prisión, en septiembre de 2024.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que es el ex alto cargo con la pena de cárcel más alta (siete años, 11 meses y un día prisión), no podría obtener los primeros permisos de salida hasta haber cumplido casi los dos años de prisión, en enero de 2025. Por su parte, el ex director de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar -que fue condenado a seis años, seis meses y un día-, podría lograr un primer permiso a partir de julio o agosto de 2024.

Para la concesión del tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad que les permitiría salir de prisión durante el día para realizar alguna actividad, los condenados tendrían que lograr la progresión del segundo grado penitenciario -el que tiene la mayoría de la población penitenciaria- y para ello una de las condiciones consiste en haber disfrutado con normalidad de varios permisos ordinarios de salida.

Entre los requisitos para el tercer grado se encuentran haber abonado la responsabilidad civil derivada del delito -en el caso de los ex altos cargos no se estableció ninguna después de que la Junta de Andalucía no acusara en la "pieza política" aunque se reservó el ejercicio de las acciones civiles ante la jurisdicción competente-, así como demostrar y mantener una buena conducta en la cárcel. No obstante, el artículo 36.2 del Código Penal establece que si la condena es superior a los cinco años el tercer grado no se podría conceder hasta que se haya cumplido la mitad de la condena. En el caso de Antonio Fernández, esa mitad de la condena no se alcanzaría hasta principios del año 2027, mientras que en el resto de ex altos cargos sería unos meses antes (a mediados de 2026 en el caso de Francisco Vallejo, por ejemplo).

El Gobierno andaluz acordó exigir la "responsabilidad civil"

En noviembre de 2019, una vez que la Audiencia de Sevilla dictó la condena de los ERE, el Gobierno andaluz acordó exigir la responsabilidad civil a los condenados en este proceso, según informó el Ejecutivo que preside Juanma Moreno el 26 de noviembre de 2019, donde se instaba a la "prosecución de la acciones civiles, incluidas las contables, y las penales ya iniciadas o que puedan iniciarse por razón de las subvenciones concedidas y los pagos o comisiones indebidamente realizados con cargo igualmente" a la partida presupuestaria 22E-31L.

Por ahora no se ha iniciado ninguna acción en este sentido, a pesar de que en la nota que difundió en su momento la Junta de Andalucía se ponía de manifiesto que la condena por malversación "obliga a la reparación del daño causado a la hacienda pública de la comunidad autónoma", y la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, 111 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reservó expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".

La libertad condicional cuando cumplan las dos terceras partes de la condena

Como continuación del proceso de reinserción y una vez que los ex altos cargos hayan alcanzado el tercer grado, vendría la concesión de la libertad condicional, para lo cual cada uno de ellos tendría que haber cumplido ya las dos terceras partes de su condena.

Así, en el caso de Antonio Fernández, la libertad condicional podría concedérsele cuando haya cumplido algo más de cinco años de condena, es decir, a partir del año 2028, mientras que en el caso del ex consejero Francisco Vallejo sería a mediados de 2027, y para los condenados a seis años de prisión, como Carmen Martínez Aguayo y Jesús María Rodríguez Román, la libertad condicional podrían lograrla al cumplir cuatro años de cárcel, es decir, en diciembre de 2026 y enero de 2027, respectivamente.

Con este panorama y aunque el Gobierno pueda resolver los indultos de los ERE antes de que pasen al tercer grado, la opción en principio más esperanzadora para todos ellos está en la decisión que pueda adoptar el Tribunal Constitucional al resolver los recursos de amparo, sobre todo, porque la sentencia del Supremo que ratificó estas condenas contenía un voto particular de dos magistradas que atacaba precisamente la condena por malversación y consideraba que los ex altos cargos que no formaban parte de Empleo debían de haber sido absueltos.