La recta final de las elecciones municipales de este domingo se ha convertido en una auténtica pesadilla para los socialistas andaluces. Las denuncias por el supuesto fraude electoral en Mojácar (Almería) y la posible imputación del número tres del PSOE andaluz, Noel López, en el truculento secuestro de Maracena han sacudido los compases finales de una campaña que comenzó con otro escándalo, la inclusión de etarras en las listas de EH Bildu.

Esta misma semana se ha conocido un nuevo episodio de la tortuosa ejecución de la sentencia de la “pieza política” de los ERE, en la que debe decidirse si el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán entrará finalmente en prisión para cumplir su condena de seis años de cárcel, a pesar del cáncer de próstata que padece.

Lo que ha trascendido esta semana, a tan sólo unos días de la jornada electoral, es el informe de la forense que mantiene su consejo de que Griñán no entre en prisión por la “incierta evolución” de la enfermedad. Y este dictamen ha llevado a la Audiencia a pedir a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación que ejerce el PP que se pronuncien sobre si consideran que el ex alto cargo puede continuar su tratamiento en la cárcel –los médicos que le atienden le han prescrito terapia farmacológica y rehabilitación–.

Todo esto ha sucedido en la última semana de la campaña electoral, pero con independencia del resultado de los comicios que salgan de esta jornada electoral, los socialistas arrancarán la próxima semana con nuevos frentes judiciales por el caso de los ERE y arranque del juicio por la utilización de las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para abonar gastos por un importe total de 32.566 euros en distintos prostíbulos, pagos que presuntamente se efectuaron con fondos públicos.

En el primero de estos frentes pendientes, a partir de mañana se conocerá con toda probabilidad la postura final de la Fiscalía Anticorrupción respecto a si José Antonio Griñán debe entrar ya en prisión, puesto que es el único de los ex altos cargos condenados por el delito de malversación que no ha pisado la cárcel. Siete miembros de alguno de sus gobiernos –cuatro ex consejeros, dos ex viceconsejeros y un ex director general– cumplen ya sus condenas desde hace medio año en la mayoría de los casos. El último en entrar, en abril pasado, fue el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, a quien el tribunal envió a prisión a pesar de que, como Griñán, padece cáncer y está en tratamiento desde hace tiempo.

La juez Mercedes Alaya, magistrada que presidirá el juicio de las tarjetas de la Faffe.

La decisión de la Audiencia de Sevilla sobre Barberá anticipa la posible decisión del tribunal, en la que sin duda pesará la posición que adopte el Ministerio Fiscal y la acusación popular, que también valorarán el último dictamen de la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla y también el informe que en su día se requirió a los servicios sanitarios penitenciarios. Los médicos de la prisión subrayaron que “son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada” en las cárceles españolas, desde las que los internos son trasladados incluso a los hospitales públicos cuando tienen que someterse, por ejemplo, a sesiones de radioterapia.

Sin solución de continuidad, la semana arrancará con el esperado juicio de la Faffe, que sienta en el banquillo de los acusados al que fuera director de la misma, Fernando Villén, y a la entonces directora económico-financiera Ana Valls.

La investigación judicial que se inició a finales de 2018, coincidiendo con la campaña de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de ese mismo año–en las que el popular Juanma Moreno llegó a la presidencia con el apoyo de Ciudadanos–, culminará cinco años después con este juicio que se inicia ante un jurado popular que preside la magistrada Mercedes Alaya, la instructora de todas las macrocausas que durante más de una década se convirtió en el azote de los distintos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía.

En este juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel para el ex director Faffe Fernando Villén, al que acusa de delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con el uso de varias tarjetas en distintos prostíbulos en los que se abonaron 32.556 euros con fondos públicos. El fiscal reprocha al ex director de la Faffe que utilizara fondos públicos para “pagar sus vicios”, satisfacer “sus lúbricos deseos” y organizar “orgías” con terceros no identificados.

El Ministerio Público reclama además una multa de 7.200 euros para Fernando Villén y seis años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público; mientras que para la ex directora económico-financiera y responsable de la caja de organización de la fundación Ana Valls solicita cuatro años de prisión, multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos acusados indemnicen a la Junta de Andalucía con los 32.556 euros gastados en los clubes de alterne.