La lentitud de la Justicia
  • Más de una veintena de investigados han fallecido en los más de 11 años en los que llevan instruyéndose macroprocesos por casos de presunta corrupción política

Las víctimas de las macrocausas

Las víctimas de las macrocausas Las víctimas de las macrocausas

Las víctimas de las macrocausas / Rosell

Escrito por

· Jorge Muñoz

Redactor jefe / Tribunales

Son auténticas víctimas de las macrocausas y todos tienen un denominador común: han fallecido en todos los casos siendo inocentes, bien porque la muerte les ha llegado antes de que haya acabado la instrucción de esos eternos macroprocesos judiciales, o porque la sentencia dictada no había sido declarada firme, como ocurre en el caso del primer juicio de la “pieza política” de los ERE, que está actualmente pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Supremo.

Son también víctimas de la lentitud de la Justicia, de la falta de medios, de la complejidad de unos procesos que se sabe cuándo empiezan pero a los que nadie se atreve a ponerles una fecha de caducidad. Todos tienen que soportar, además, el sufrimiento que acompaña a la condición de investigados –antes imputados– en casos de supuesta corrupción política, con el descrédito a la honorabilidad que esas acusaciones llevan aparejadas y que, lamentablemente, no desaparece ni siquiera aunque la causa sea finalmente archivada o se dicte tardíamente una sentencia absolutoria.

Y ese retraso en los procedimientos provoca que muchos de esos investigados no puedan ver el final de los mismos, porque fallecen en muchos casos debido a enfermedades que se han visto agravadas tras su implicación en estos procesos criminales.

Uno de los últimos casos conocidos dentro de una larga lista que está creciendo desde hace ya más de una década es el de la ex delegada de Empleo en Granada y luego directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, de 53 años, que falleció en marzo pasado, si bien su abogado ha remitido recientemente un emotivo escrito al juzgado recordando, precisamente, que esta persona –que fue detenida en la última gran operación de la juez Alaya relacionada con las irregularidades en los cursos de formación–, murió inocente.

Marina Martín llevaba siete años como investigada en una causa que fue inicialmente archivada por la juez María Núñez Bolaños –con el aval de la propia Fiscalía Anticorrupción, que rechazó la existencia de una supuesta “red clientelar” en torno a los cursos de formación– y que la Audiencia de Sevilla tardó nada más y nada menos que tres años en resolver un recurso de la acusación y ordenó la reapertura de la investigación.

Esta semana también ha trascendido la muerte, en este caso en un accidente de tráfico del abogado Víctor Testal Monterrey, que representa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, que figura como investigado en varias decenas de piezas en las que se investigan ayudas individuales de los ERE.

La frustrante demora de los procesos es probablemente el principal problema de las macrocausas, también de la Justicia en general. Basta recordar los señalamientos de juicios a cinco años vista que se están haciendo en algunos casos en los juzgados de lo Social, en relación con las reclamaciones laborales.

Esta exasperante lentitud no tiene parangón en otras democracias consolidadas, donde la ratio de jueces por habitante es sensiblemente mayor a la española. Los ejemplos en la resolución de procesos en otros países como Estados Unidos resultan vergonzantes si se comparan con los tiempos de respuesta españoles. Así, en noviembre pasado, la Justicia norteamericana condenó, en menos de un año, a uno de los principales implicados en el asalto al Capitolio, Jacob Chansley, conocido como el chamán de QAnon y cuya imagen se convirtió en un símbolo de aquellos disturbios tras aparecer disfrazado con unos cuernos de bisonte y la bandera de norteamericano.

En el año 2009 ocurrió algo parecido con el financiero estadounidense Bernard Madoff, que fue condenado por la mayor estafa piramidal de la historia, que ascendió a unos 35.000 millones de euros. Su condena a cadena perpetua se produjo tan sólo siete meses después de que se destapara el escándalo y el empresario falleció en 2021 en prisión. Tenía 82 años.

La exasperante lentitud hace que tras 11 años aún no haya sentencia firme en los ERE

Y en España todavía estamos pendiente de que se resuelvan los recursos del primer juicio de los ERE, cuya instrucción se inició en el año 2011, es decir, hace la friolera ya de once años. Imagínense lo que supone para una persona tener que estar implicada durante once años de su vida en un proceso de estas características, con el indudable sufrimiento personal y familiar, social y económico, por no hablar de la conocida como pena del telediario asociada a estos casos.

No es de extrañar que, ante esta eternización de las causas, se produzcan dos efectos. Uno de ellos, el más grave, que la persona fallezca en el transcurso de la investigación –se enjuicia a personas por una actuación política que tuvo lugar en muchos casos cuando ya tenían cierta edad–. El segundo efecto, que perjudica evidentemente a la imagen de la Justicia, está relacionado con el funcionamiento anormal de este servicio público, lo que hace que surja la posibilidad de pronunciamientos que reconocen el derecho de estas personas que han sido investigadas –y finalmente han sido absueltas– a recibir una indemnización económica.

De estos hay dos casos recientes. En uno de ellos, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que aprecia un “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” en la instrucción de Alaya de la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla que, ocho años después, acabó con la rotunda absolución de los diez encausados, entre ellos el ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos. Y ese funcionamiento anormal, según reconoce el máximo órgano consultivo, conlleva que se aprecien los “daños morales” que alegaba Rodrigo Torrijos, y que el Consejo de Estado cifra en 7.500 euros.

Relacionada con esa misma macrocausa de Mercasevilla, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia pionera en la que condenó al Ministerio de Justicia a indemnizar con 2.000 euros al ex director del Área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño por la “pena de banquillo” que sufrió tras su imputación, enjuiciamiento y posterior absolución varios años después de la causa en la que se investigó la venta de los suelos de Mercasevilla. La sentencia resuelve la reclamación patrimonial que Castaño presentó por un funcionamiento anormal de la Justicia, todo ello después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admitiera que se habían producido dilaciones indebidas en este proceso que comenzó en 2009 y que acabó con la sentencia absolutoria dictada en el año 2017 por un juzgado de lo Penal.

Una veintena de muertes desde 2011

Desde el año 2011, cuando comenzó la instrucción de las macrocausas en Sevilla, han fallecido una veintena de personas que figuraban como investigadas.

El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda. El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda. / D. S.

Así, en diciembre del año pasado falleció el empresario y ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés , como consecuencia de una grave dolencia por la que llevaba hospitalizado varias semanas.Otro conocido empresario, José Luis Manzano, que estaba imputado en una de las piezas de la macrocausa de Invercaria, falleció el 30 de abril de 2021 a causa del coronavirus, una enfermedad que se complicó con otras patologías previas. José Luis Manzano, de 65 años, fue el primer investigado que fallece en esta macrocausa sin llegar a ser juzgado. Llevaba 11 años años imputado.

El empresario José Luis Manzano El empresario José Luis Manzano

El empresario José Luis Manzano / D. S.

La mayor mortalidad se ha dado, como es lógico, en la macrocausa más voluminosa, la de los ERE, donde el número de imputados supera el medio millar. El último fallecido en el caso de los ERE fue el principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que murió el 11 de octubre de 2020.

Desde que la juez Mercedes Alaya arrancó en el año 2011 la instrucción de este macroproceso, han fallecido más de 15 personas que no han llegado a la celebración del juicio. Estas muertes se deben en su práctica totalidad a causas naturales, dado que muchas de estas personas tenían ya cierta edad cuando se acogieron a los procesos de prejubilaciones que, más de 15 años después en algunos casos, están siendo investigados por la Justicia. No obstante, hubo un caso en el que uno de los fallecidos fue víctima de un asesinato, ocurrido en Sevilla.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero. El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero. / D. S.

En los ERE también fallecieron los empresarios José María Ruiz Mateos y José Enrique Rosendo –en enero de 2016–, a quien la Guardia Civil consideró como uno de los integrantes del “tándem” que recibió de la Consejería de Empleo subvenciones por importe de más de 34 millones de euros. Su padre, Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), falleció dos años después, en noviembre de 2018.

En el camino de esta larga instrucción también ha fallecido José Antonio García Prieto, un ex concejal del PSOE de Camas (Sevilla) que había percibido pólizas de prejubilaciones de tres empresas en las que no había trabajado.

En la lista de difuntos que estuvieron investigados también está Antonio Arquero García, un amigo de Javier Guerrero que cuando fue a declarar en el juzgado aseguró que con los 314.000 euros que percibió de una “renta de supervivencia” que le había sido concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló su casa.

También falleció Mariano Martínez Fernández, un conocido del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que había sido trabajador de Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros. Otro de los investigados que ha desaparecido en estos años es Luis Gálvez Frijol, que apareció como intruso en el ERE de la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro.

El obituario de los ERE sigue, desgraciadamente, creciendo mientras no se vislumbre un próximo final del monstruo en el que se han convertido las macrocausas.

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