"Los enfrentamientos entre administraciones públicas demuestran falta de madurez política"

La protección del medio ambiente y su compatibilidad con el desarrollo de una zona de población es siempre un tema peliagudo y que puede ser tratado desde múltiples puntos de vista. Y ese ha sido el objetivo del curso titulado 'La ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificaciones de la Ley de Costas y su desarrollo normativo'.

¿Cuáles son las características de esta nueva normativa?

Se va a regular normativamente todo lo que afecta a un sector, en cuanto al ámbito de superficie, que abarca cinco kilómetros de costa de todo el litoral. Una zona donde vive el 40% de la población española, porcentaje que se incrementa en el periodo estival. Además, hay muchas construcciones e instalaciones, viviendas cuya situación no está regularizada. Y supondrá una serie de efectos muy importantes para muchas personas, construcciones y territorios de nuestro país.

¿Y cómo es compatible el desarrollo humano, de servicios, la protección del medio ambiente?

En un ámbito tan importante como el de la costa tenemos que tener en cuenta como una prioridad relevante el interés general. Es decir, es un marco donde los ciudadanos disfrutan de un mar, de un entorno natural que ha de ser conservado. Por tanto, es una pretensión de cualquier gobierno regular el marco jurídico de esa zona. Y la primera premisa ha de ser la defensa de ese interés general. A partir de ahí se ha de conciliar los distintos intereses , muchos de ellos muy particulares y privados; siempre bajo la supervisión de las administraciones públicas. Si respetamos esa premisa se podrá conciliar el desarrollo sostenible de cualquier zona de costa.

El concepto de desarrollo sostenible se utiliza mucho y por muchas personas. ¿Se ha desvirtuado demasiado hoy en día?

Es una realidad constatable y contrastable. Y a los primeros que les interesa que se hagan las cosas bien es a los propietarios de las zonas de costas. Porque si se hacen mal el mar puede inundar esas zonas y entonces esos propietarios se verán afectados. Luego a todos nos interesa hacer las cosas bien. Y si queremos competir como destino turístico con otros lugares lo debemos hacer con un entorno que favorezca un turismo de calidad. Así que si degradamos esa costa no la podremos recuperar nunca y perdemos un tesoro de un valor incalculable.

Las administraciones públicas son las que tienen que vigilar por el interés general, pero nos encontramos con situaciones en las que gobierno nacional, regional y local se enfrentan en polémicas políticas y judiciales mostrando falta de unidad y que a cada una de ellas le interesa sólo el ámbito de su administración

Es cierto que en estas cuestiones entran en juego la Unión Europea, Gobierno Central, autonomías, diputaciones provinciales y ayuntamientos; y que son muchas administraciones en juego. Y es cierto que no es que no se pongan de acuerdo, sino que hay auténtica contraprogramación legislativa de normas de unos frente a otros. Y eso demuestra una falta de madurez de esos políticos. Yo creo que la sociedad es bastante más sensata. Y lo que tenemos que hacer es solicitar a los responsables políticos que de alguna manera encuentren los vehículos para que todo eso funcione de una manera más armónica.

¿Confía usted en que esa coordinación entre los diferentes responsables de las administraciones públicas se convierta en el método de trabajo para abordar la cuestión del desarrollo sostenible de la costa española?

Es posible, pero se hace más difícil en periodo preelectoral. Pero si queremos mantener un nivel de desarrollo razonable es imprescindible que esta cuestión entre en un periodo nuevo, en el que la colaboración sea la máxima a lograr.

Partiendo de esa realidad y del objetivo a conseguir, ¿sería mejor que los políticos se hicieran a un lado y que fueran los técnicos los que marquen la hoja de ruta?

Yo creo que todo tiene que ir de la mano. Es decir, que los responsables políticos deben marcar el camino que se ha de seguir, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía y en las diferentes corporaciones locales. Y lo razonable es que sean los técnicos los que les ilustren sobre las distintas posibilidades que tienen a lahora de materializar aquella idea o pretensión loable que ha de hacerse con rigor. Porque en sentido contrario vamos a ir dando bandazos y a un sin sentido. Los políticos deben llevar a cabo su programa electoral, pero dejándose aconsejar por los técnicos.