Juan Ignacio Romero Sánchez. Director General de Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su ponencia versa sobre las competencias de la Administración Local tras su reforma. Cree necesario clarificar las competencias de las administraciones y espera que se produzca el consenso de todas las partes a nivel parlamentario.

-¿Qué quiere transmitir a los asistentes con su conferencia?

-En líneas generales, dentro de la elaboración y resultado del anteproyecto de ley de reforma loca yo plantearía dos cuestiones, la incidencia y gran calado en el ámbito local, pero, sobre todo, lo que pretende es reorganizar lo que son las competencias de las distintas administraciones que intervienen en la gestión de los servicios. Se trata, en definitiva, por una parte, de clarificar las competencias propias de las entidades locales en relación con las comunidades autónomas y el estado y, por otra, la aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que supone la aplicación de los principios esenciales.

-Las competencias de los organismos locales, ¿de qué manera se van a ver afectadas?

-Se van a ver afectadas en el sentido de que lo que se pretende evitar es que los tres niveles de administración procedan a realizar el mismo cometido.

-¿Quién gana?

-Ganamos todos porque se clarifica quien debe actuar para evitar las duplicidades. Pretendemos que el cambio sea sobre todo como un impacto financiero, que todas las entidades locales se encuentren en una situación de sostenibilidad. La prestación del servicio corresponderá a cada uno la que tiene atribuida constitucionalmente. El dictamen del Consejo de Estado es claro, reconoce que establece que la competencia del Gobierno para reordenar las competencias de las administraciones locales, tiene toda la legitimidad constitucional sin perjuicio de la intervención de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Todas estas cuestiones han sido muy meditadas y entendemos que el anteproyecto lo refleja.

-¿Puede poner algún ejemplo concreto?

-Por ejemplo, la cooperación al desarrollo. Nos encontramos con un desastre en Haití y el ayuntamiento de una determinada localidad presta una cooperación, la comunidad también y el estado también, eso debe estar coordinado y ordenado. Lo mismo puede suceder en competencias en materia de violencia de género. Los municipios, sobre todos los grandes, tienen competencias, así como las comunidades y el estado. Una cuestión adicional que es importante es que la competencias se presta a quien corresponda pero, sobre todo, debe tener garantizada la financiación. Ese es otro de los principios esenciales.

-¿Se camina a una mayor centralización?

-No necesariamente. La Ley es abierta en ese sentido porque cuando se delimitan las competencias se permiten fórmulas vía convenio o delegación de competencias para que se sigan prestando los servicios de una forma más o menos centralizada pero siempre aparejada la financiación.

-Se espera el consenso.

-Esperemos que sí porque es una ley de gran calado. Hay detractores pero también hay grandes defensores. Entiendo que es una ley necesaria. Cuando se apruebe como proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y pase a tramitación parlamentaria entendemos que es muy importante el proceso de entendimiento.

-¿Por dónde vienen las críticas?

-Vienen de una premisa básica, la reticencia al cambio, a veces nos cuesta asumirlo. Esto es un cambio importante y cuando alguna determinada práctica administrativa se ha venido desarrollando de una manera, pues cuesta. En esencia es eso, no hay una reticencia sobre aspectos concretos, sino en general a la ley porque cuesta asumir una situación nueva y también necesaria. Desde un punto de vista financiero, el saneamiento pasa por aquí, pero no solo pasa por las entidades locales, también por las comunidades autónomas y el estado.

-En definitiva, ¿lo que se busca es ahorrar?

-No es la finalidad última de la ley. Uno de los grandes principios es clarificar y se van a seguir prestando los mismos servicios. Se harán con el coste que entendemos que debe ser, pero no se van a suprimir servicios. Un mayor coste no supone una mejor calidad. El ahorro será de unos 7 mil millones de euros desde el inicio del proceso.