El principio de buena administración y su reciente aplicación por el Tribunal Supremo en el ámbito de los tributos de gestión compartida

El principio de buena administración exige anular una liquidación de IBI cuando la Hacienda Local conoce que el valor catastral que ha servido de base imponible ha sido anulado, sin que pueda aducirse la dualidad de la gestión del tributo y, por tanto, sin esperar a que el órgano competente modifique el valor catastral.