La Comisión Europea comenzó a prestarle atención al aprovisionamiento de materias primas fundamentales hace ya algún tiempo. Empezó estando más interesada en prácticas de reciclaje y en reducción de la intensidad de uso de materiales –comenzaba la economía circular– que en asegurar el suministro de los materiales que son imprescindibles para la industria europea y que forman parte de productos utilizados por toda la sociedad. Eran tiempos en los que no había inquietud por el suministro obtenido desde el exterior ya que, como somos ricos, podríamos adquirirlos en el mercado mundial de materias primas sin mayor inconveniente, siempre que no prestásemos demasiada atención a las condiciones sociales y ambientales de la extracción de esos materiales en algunos lugares del mundo, sin perjuicio de algunas campañas activistas contra tales condiciones que resultaban en un enojo más fingido que real por parte de la ciudadanía.

Esto llevaba, de forma natural, a una oposición organizada contra las actividades extractivas y a una cierta aquiescencia de la población, ya que las autoridades no hacían ningún esfuerzo para informarla de la realidad. Fue bastante común tomar la parte por el todo: cualquier accidente minero era generalizable a la totalidad de la minería, hubiese o no en su operación una instalación o riesgos similares a los del accidente en cuestión. Por poner un ejemplo de dos casos muy distintos, ni puede haber una rotura de una balsa –ya saben a la que me refiero– en una mina donde no habrá tal balsa, ni puede haber un tsunami en el río Elba que se pueda asimilar al accidente de Fukushima. Pero algunos, tanto activistas como gobernantes, no tenían reparos en ser conscientemente imprecisos o poco rigurosos, porque creían estar atendiendo a un interés que ellos aparentaban como general, aunque en buena medida se debiese a sus intereses políticos particulares. De nuevo sirven dos ejemplos distintos entre sí. Son el cambio de posición del gobierno de Castilla-La Mancha sobre la explotación del yacimiento de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, una vez que el partido de la izquierda radical fue necesario para mantener en el gobierno a la izquierda convencional y el plan de abandono de la energía nuclear en Alemania, una inevitable concesión a Los Verdes a cambio de reemplazarla por el gas ruso y quemar más lignito, como es bien sabido.

Afortunadamente, las posiciones están cambiando y de forma radical en algunos casos. La crisis energética nos ha enfrentado a la realidad y se ha asumido, por fin, que el gas natural es una energía de transición y que abandonar la generación nuclear no sirve de nada para acelerar la transición energética. Y en el caso de las industrias extractivas nos encontramos con un panorama similar: no podemos depender del mercado mundial para abastecernos de lo que no queramos producir aquí y, por ser coherentes, tenemos que tomar en consideración las formas de gobernanza de los países de los que no aprovisionamos de materias primas. Estos son los criterios fundamentales que dieron lugar a la construcción de la lista de materias primas críticas para la UE. Uno de los criterios es la importancia económica del material en cuestión para la industria europea, el otro es la seguridad de suministro exterior, teniendo muy en cuenta la mencionada forma de gobernanza del país proveedor. La valoración de los criterios es bastante compleja pero completamente transparente y la lista se actualiza cada tres años, con la inclusión justificada de nuevos materiales. Esta lista no es una singularidad o un capricho de la UE, ya que Japón y Estados Unidos, por ejemplo, disponen de sus propias listas.

Como es fácil de comprender, el primer motivador fue la disponibilidad de los materiales necesarios para abordar la transición energética, base de la transición ecológica y la preocupación por nuestras carencias en litio, cobalto, neodimio, etc. que, casi de repente, se hicieron imprescindibles Esto, claro está, es lo más llamativo, pero nos hacen falta otros materiales y, afortunadamente, algunos de ellos se pueden extraer en la UE, aunque no en la cuantía en la que los necesitaremos. Ocioso es señalar que el reciclaje no es capaz de atender a la totalidad de un consumo que se va a intensificar, de forma que por mucho que se recicle –y las tasas son ya muy altas en algunos materiales– persistirá un déficit que hay que cubrir mediante producción interna o importaciones. Y en esto de las importaciones es donde hemos perdido pie los europeos. Empresa chinas, japonesas, canadienses y australianas llevan décadas invirtiendo en minería en el exterior de sus países, bien sea por extender su negocio como son los dos últimos casos, o por una visión profundamente estratégica y de muy largo plazo, como es el caso de las dos primeras. No es una casualidad que China sea el primer proveedor mundial de algunos materiales refinados –litio, por ejemplo– teniendo una limitada producción propia del mineral.

Como decía al comienzo, el interés manifestado por las materias primas comenzó hace años: Iniciativa de Materias Primas (2008) y Partenariado Europeo de Innovación en Materias Primas (EIP Raw Materials, 2011). Pero ha habido que esperar hasta el mes de marzo de este año para que se produjese la proposición de Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (2023). Alguien, no sin razón, podría preguntarse cómo hemos podido perder tanto tiempo desde que hemos sido conscientes del asunto hasta que hemos decidido actuar de una manera firme. La verdad es que la política de materias primas es muy reciente en la UE, a diferencia, por ejemplo, de la política agraria que data de los años 60 y de otras políticas comunes muy asentadas.Uno de los problemas de fondo es conciliar las actividades extractivas con la preservación del medio ambiente. De esta preservación son ejemplos señeros la Directiva Hábitats (1992) y la Directiva Marco del Agua (2000) y de ahí las extremas restricciones establecidas para el desarrollo de actividades productivas que puedan afectar a espacios protegidos (red Natura 2000) o al estado u objetivos cuantitativos y cualitativos de calidad del agua se derivan de la trasposición de ambas directivas. Pero es necesario tener muy en cuenta, para no creerse las generalizaciones interesadas de los ecologistas organizados, que las prohibiciones absolutas son muy escasas en la normativa: en los Parques Nacionales, por ejemplo, o si hay presencia de especies declaradas como prioritarias. En los restantes casos, tanto en lo que atañe al agua como a los hábitats, lo establecido en las propias directivas es que se admiten excepciones muy reguladas, que incluyen un procedimiento reforzado de evaluación ambiental o de evaluación de la afección a la calidad de una masa de agua, y se requiere una declaración administrativa previa y fundamentada de interés público superior (o de primer orden). Aseguro al lector, por mi propia experiencia profesional, que es extraordinario el rigor y la objetividad con los que están actuando la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en los casos ya autorizados: Los Frailes, Las Cruces y Minas de Alquife. En estos tres casos, ha sido la CHG la única responsable de verificar y admitir la excepcionalidad, dado que no están en espacios protegidos, pero sucederá el caso –de hecho, ya sucede en un yacimiento de estaño en Fuente Obejuna– en el que pueda haber un interés minero en un espacio protegido. ¿Qué hemos de hacer los ciudadanos si nos llegan noticias contrarias? Pues dos cosas: confiar en el muy acreditado rigor de las administraciones competentes y no creer que porque un espacio forme parte de la red Natura 2000 sea por ello un santuario sagrado e intocable, argumento que en ocasiones se ha utilizado para desacreditar un proyecto minero. La protección del agua y de los hábitats llevan años bien establecidas, pero ahora ha surgido la necesidad de extraer materias primas en nuestro territorio, por eso, el reto que ahora afrontan las administraciones en la UE es discernir con todo rigor y conocimientos qué proyecto extractivo es compatible y cuál no es compatible con el medio ambiente.