Cada vez más, en los últimos comicios electorales la inmigración ha cobrado un peso en los mensajes de los distintos candidatos como no se había visto en mucho tiempo. La irrupción de fuerzas como Vox que han hecho de este asunto uno de los ejes principales de sus programas, han provocado respuestas por parte del resto de formaciones. Más aún, el voto de aquellos que se encuentran en el país y tienen derecho a acudir a las urnas el próximo 26 de mayo tiene una importancia más que evidente en municipios con un gran número de extranjeros entre sus vecinos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar.

No se hablará ahora del ascenso de Vox en estos lugares, ya que será objeto de un estudio posterior en esta misma serie de reportajes previos a los comicios municipales y europeos. Sí se abordará sin embargo una realidad que tal vez pocos conocen con exactitud y que debería ser objeto de una reflexión mayor para conocer desde diferentes puntos de vista y con mayor profundidad cómo se produce el éxodo de miles de personas cada año, los motivos que lleva a familias enteras a buscar al otro lado del Mediterráneo un futuro, y cómo en los partidos la regulación de estos tránsitos se ha convertido en algo que ocupa y preocupa.

A comienzos de este año, el diario Público se preguntaba en un artículo si el voto migrante podía frenar a la ultraderecha. En aquel entonces apenas había pasado un mes desde que Vox se hizo con 12 representantes en el Parlamento de Andalucía y se desconocía el resultado de las generales, pero ya se contemplaba una circunstancia diferenciadora de los comicios por venir:Desde 2015 una parte de la población migrante tiene reconocido su derecho al voto. Según datos oficiales, 280.316 residentes extranjeros procedentes de 12 países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad.

Podrán votar en todo el país 280.316 residentes de 12 países con los que España tiene acuerdos

En las elecciones municipales de 2019 podrán votar los que cumplan la condición de estar en posesión de la autorización de residencia en España y haber residido de legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral. También tendrán que figurar inscrito en el padrón del municipio de su residencia habitual que es donde podrá ejercer el derecho de voto. Del total, 17.836 extranjeros deberán realizar la inscripción en el censo electoral por correo postal, aportando un documento en vigor que justifique la autorización de residencia en España o un certificado de residencia expedido por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que puede ser obtenido en cualquier dependencia policial.

La Oficina del Censo Electoral ha enviado una comunicación por correo postal a estos 280.316 extranjeros, 3.451 a aquellos que viven en Almería. Sin embargo, en la provincia almeriense, según datos a 1 de enero de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), residen 145.181 extranjeros, de los que 81.913 son hombres y 63.268 mujeres. En concreto, 726 argelinos; 57.650 marroquíes, 2.986 procedentes de Mali, 856 de Gambia, 1.513 de Guinea-Bissau, 5.283 de Senegal, 652 de Mauritania, 708 de Nigeria o 856 de Gambiar, sólo por citar algunos de aquellos originarios de países de África.

Dos trabajadores inmigrantes realizando labores en un invernadero.

En esta estadística, no se concreta la forma en la que estas personas accedieron al país, si fue con contratos en origen, con una regularización de su situación a posteriori, etc. Lo que sí se sabe es que el Consejo de Seguridad Nacional vaticina que las llegadas de inmigrantes superarán este año las de 2018, cuando se alcanzó la cifra histórica de 64.421, pese al importante descenso de las cifras que empezó a apreciarse en febrero.

Lo ha hecho en el último informe anual, en el que avisa de que, aunque “la actitud de los españoles respecto a la inmigración continúa siendo más acogedora que la de sus socios europeos”, desde 2017 existe un “cierto estancamiento y, en algunas variables, un ligero empeoramiento” de esa tendencia positiva. Por ello, propone, entre otras cosas, “poner en marcha programas y acciones estratégicas específicas para sensibilizar a la sociedad acerca de los efectos positivos de la inmigración y del valor positivo de la diversidad” y “para evitar y contrarrestar discursos xenófobos”.

Sólo ha sido remitida una comunicación para el voto a 3.451 de los que viven en Almería

Aunque la situación comenzó a mejorar a nivel europeo en 2018, con un descenso del 60 % del número de llegadas, el cierre de la ruta del Mediterráneo central convirtió a España en el punto principal de acceso y disparó un 131 % el número de entradas irregulares. En total, 64.421, de las que 57.494 se produjeron por vía marítima, una cifra un 162% superior a la de 2017 y muy por encima de las 40.000 alcanzadas en 2006, el año de la denominada “crisis de los cayucos”, y se concentraron sobre todo en las provincias de Cádiz, Almería, Málaga y Granada. También el número de solicitudes de protección internacional aumentó, aunque por “razones distintas”: 55.668 personas la pidieron el año pasado, un 75% más que en 2017. Venezuela continúa siendo el principal país de procedencia, con 20.015 demandantes, el doble que el año anterior, seguido de Colombia, Siria, Honduras y El Salvador.

Mientras, el sindicato CCOO denunciaba hace apenas una semana que la plantilla de Salvamento Marítimo está desbordada tras el repunte de rescates de migrantes que viajan en patera con la llegada del buen tiempo y pedía un Plan Nacional de Salvamento 2019-2021 que recupere las tripulaciones anteriores a la crisis. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, 6.623 inmigrantes que viajaban en embarcaciones han entrado este año en España -hasta el 29 abril-, un 51 por ciento más que en el mismo periodo de 2018.

Por otro lado, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) ha contabilizado desde el 1 de enero hasta el 15 de abril se han producido al menos 136 muertes o desapariciones en el Mediterráneo de migrantes que trataban de alcanzar España. El mes más trágico fue enero, con 62 muertes o desaparecidos contabilizados; en febrero se registraron 18 fallecidos; en marzo 53; y, en lo que va de abril se registrado dos muertes. Así, si bien en febrero se produjo una reducción en un 70% en el número de muertes con respecto al mes de enero, en marzo se han visto incrementadas casi un 179%.

Todos estos datos pueden llevar a concluir que estas personas personas permanecen en el territorio nacional tras su llegada en patera o después de ser rescatados por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil en el mar. No es así, al menos no necesariamente. El año pasado este periódico pudo constatar que Francia y Alemania eran el destino que esperan alcanzar muchos de los inmigrantes que llegan al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería y que de hecho es una meta a la que muchos intentan llegar a través de ciudades limítrofes como Barcelona o San Sebastián.

Un grupo de inmigrantes marroquíes llega al Puerto de Motril después de ser rescatado en aguas de Alborán.

El 17 de junio los tres barcos que trasladaban a los 630 migrantes rescatados por el buque Aquarius en el Mediterráneo central llegabanal puerto de Valencia tras una travesía de ocho jornadas que han tenido que realizar después de que Italia y Malta les negaran la entrada. Ese mismo día partieron desde Almería cuatro autobuses a la Ciudad Condal y otro más a San Sebastián con entre 150 y 200 personas rescatadas de pateras. Francisco Vicente, coordinador de Cruz Roja en Almería explicaba a Diario de Almería que durante todo el fin de semana y el lunes sus voluntarios atendieron a casi 500 personas. “A Andalucía han llegado alrededor de 1.400 personas en unas 72 horas. Nos vemos cansados, desbordados pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es atender a la gente”, dijo entonces, apuntando que “los recursos de plazas de acogida y plazas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están agotados ante la llegada de 1.400 personas en Andalucía más los 629 del Aquarius”.

Ante esa situación, el Gobierno y la Policía local “hacen lo que se hace siempre, algo que es habitual, los tienen que poner en libertad a las 72 horas y los dejan a disposición de Cruz Roja”. A partir de ese momento se valora la situación de cada uno de los inmigrantes y se intenta identificar a las personas “más vulnerables”: Mujeres embarazadas o con niños a cargo, personas con enfermedades, discapacitados o aquellos que “manifiestan estar completamente solos, sin ninguna red de apoyo, amigos o nadie que lo acoja”.

“Al resto, la mayoría, se le realiza una entrevista, se les facilita que puedan cargar su móvil, que cojan sus pertenencias y poder un poco ponerlos en contacto con sus familiares, su red de apoyo y ver a qué destinos quieren ir. Y a partir de ahí prepararnos billetes para las ciudades que quieren ir. No van sólo a San Sebastián, las ciudades más elegidas son Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao... hay gente que va a Murcia, otros se quedan en Almería, Roquetas, El Ejido””, explicaba entonces, añadiendo que no es posible “mandar a Francia o Alemania directamente a la gente (...) la gente quiere irse a las ciudades más limítrofes con la frontera con Francia. Barcelona y País Vasco suelen ser los destinos más solicitados para esta gente que tiene familiares en Europa”, profundizaba.

En marzo las muertes en el mar se vieron incrementadas en casi un 179%, según la OIM

Y en todo esto, la inmigración y el papel de estos organismos se ha colado en el debate político gracias a afirmaciones como las de la parlamentaria andaluz por Vox Almería, Luz Belinda Rodríguez, quien aseguró el pasado mes de marzo que las labores que desempeña Salvamento Marítimo en el Mediterráneo con los inmigrantes en pateras no se pueden considerar rescates porque “lo que hacen es un servicio de autobús” para las mafias, ya que reciben una llamada previa que les avisa para que vayan a “recogerlos”. Unas manifestaciones que obtuvieron una rápida respuesta por parte de prácticamente todas las demás fuerzas e incluso de Cruz Roja Española, que afeó estas declaraciones y apeló a sus principios de “universalidad, imparcialidad y neutralidad” como organización humanitaria para seguir atendiéndolos cuando llegan a las costas de Andalucía. “Tenemos que atender sí o sí a todas las personas que tengan vulnerabilidad, sea por soledad porque sean personas mayores que se ven abandonadas, o por ser inmigrantes, porque nuestro mandato tiene un principio que es clave, el principio de humanidad”, manifestó en Sevilla la coordinadora autonómica de Cruz Roja Española, María José Hernández, durante la presentación de la memoria anual de su organización en Andalucía.

A pesar de que, cómo se ha visto, sólo una pequeña parte de la población extranjera podrá votar en las próximas municipales, esta llegada de pateras ha estado presente en discursos de líderes municipales hace escasas fechas, si bien es cierto que este mensaje se ha calmado y casi desaparecido recientemente. En jornadas previas a las elecciones generales, el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, culpó al PSOE de un “efecto llamada” que “ha provocado que muchas personas pierdan la vida porque se pensaban que, con venir a España, lo tenían todo resuelto, y no es así”. “Sí queremos la inmigración, pero regulada. Si en Almería se necesitan 30.000 trabajadores, no pueden venir 200.000”, dijo.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora también insistió en este asunto: “Hay que erradicar cualquier efecto llamada, impulsar la contratación en origen y apostar por una migración responsable y circular con el norte de África, teniendo en cuenta la capacidad de integración y la proximidad”.