Barcelona vivió ayer un día más de terca normalidad escénica, una cotidianidad sólo alterada por unas 200 personas concentradas ante el Parlamento catalán entre banderas independentistas y españolas mientras se debatía y aprobaba una resolución histórica de la mano de 72 de los 135 diputados de la Cámara, una mayoría exigua que no daría ni para reformar el Estatut pero que se ha arrogado la capacidad de romper España pasando por encima de la ley.

La resolución aprobada por Junts pel Sí y la CUP se propone la puesta en marcha de un Estado catalán en forma de república y se fija un plazo máximo de 30 días para empezar a tramitar las leyes que alumbren el proceso constituyente, una seguridad social y una Hacienda catalanas. Además, proclama que el futuro Govern deberá atenerse exclusivamente a los mandatos del Parlament, blindándose ante eventuales impugnaciones por parte del Estado ya que, para que no le falte de nada a la traca, anuncia un inédito caso omiso de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC).

Todo maravilloso, aunque la triste realidad para los temerarios diputados secesionistas es que su león no tiene cabeza y que un ratón dirige sus pasos. El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, lo tiene crudo, imposible, para ser investido porque la CUP no lo quiere y no parece nada conmovida con la deriva izquierdista del líder de Convergència, santo y seña de la burguesía catalana, que debe estar algo perpleja ante su deriva izquierdosa para ablandar a los antisistema (con tarjeta sanitaria para todos y realojos inmediatos para los desahuciados, por ejemplo) y que le den los dos votos que necesitaría para ser investido. Lo que no ocurrirá y abrirá un plazo hasta el 10 de enero para buscar un candidato de consenso, que de no llegar abocaría a los catalanes a volver a las urnas en plena "democrática" desconexión del Estado español. En cualquier caso, Mas sólo garantiza que el delirante proceso llegue a buen puerto si está en sus manos, aunque la CUP ayer se lo dejó blanco y en botella: "Hay que dejar la Cataluña subordinada, pero también la Cataluña de los recortes y la corrupción", que personifica en Artur Mas, al que ayer ni aplaudió. Por razones obvias: su patrocinador, Jordi Pujol, deambulando como alma en pena con el clan familiar por los juzgados, 15 sedes de Convergencia embargadas, el tesorero del partido encarcelado por seis delitos en relación con las comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones o unos recortes de órdago a la mayor que en su onírica república catalana, según expuso ayer, no se producirían...

Pero aunque falte un maquinista, el choque de trenes con el que se viene fantaseando desde hace un tiempo está servido. A diferencia de la declaración soberanista de enero de 2013 del Parlament, que fue impugnada y anulada por el TC, la resolución aprobada ayer contempla que se empiecen a activar en 30 días las leyes del llamado proceso constituyente saltándose a la torera la suspensión cautelar del proceso que ordenará el TC al admitir a trámite la impugnación que presentará mañana el Gobierno.

Será entonces cuando se abrirá una caja de pandora que da miedo. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está en primera línea del ojo del huracán señalada por el Gobierno como principal responsable del desacato. En virtud de la reforma del TC, hasta el mismísimo president en funciones podría ser inhabilitado. Y el Gobierno podría suspender la autonomía catalana. Se especula con la intervención de la tesorería de la Generalitat, la suspensión de las remesas del Fondo de Liquidez autonómica o el control de los Mossos por parte de Interior.

Parece un callejón sin salida, pero por ahora, el gran desconectado a ciencia cierta es Artur Mas.