El fiscal ante el Supremo (TS) ha defendido este lunes que se mantenga el procesamiento por rebelión para el considerado "núcleo duro del procés", encabezado por el ex president catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresident Oriol Junqueras, además de otros inculpados. 

Por su lado, las defensas han pedido la nulidad de las actuaciones por la falta de competencia del Supremo sobre el caso abierto por el proceso independentista y, en algunos casos, han insinuado que las nuevas circunstancias políticas debieran conducir a un tratamiento menos duro para sus clientes, según varias fuentes presentes durante la vista. 

El Supremo ha revisado este lunes los recursos que una gran parte de los procesados por la Declaración Unilateral de Independencia catalana presentaron frente a los autos que dictó contra ellos el instructor del sumario, Pablo Llarena. 

No todos los procesados han recurrido y no todos han sido procesados por rebelión, aunque sí una buena parte de ellos. El Supremo han estudiado este lunes también recursos contra procesamientos por malversación o desobediencia, además de otros delitos. En todo caso, el fiscal ha pedido que se mantengan todos los procesamientos. 

Fidel Cadenas, el miembro del Ministerio Público que ha actuado este lunes ante el Supremo, ha argumentado que "el libro blanco", en referencia a la documentación incautada durante la investigación y que contenía la hoja de ruta del procés, "es la crónica de una rebelión anunciada". 

La acusación popular, ejercida por VOX, ha destacado cómo el fiscal actuante ha estado absolutamente firme en la defensa del procesamiento por rebelión sin aceptar ninguna variación de los autos en todos sus términos, porque estimar algunos de los aspectos de los recursos haría perder sentido el relato contra una organización delictiva. 

En cuanto a las defensas, Andreu Van Der Eynde, defensor de Junqueras, ha señalado que "el derecho penal también es negociación", mientras que el letrado defensor de Carles Puigdemont ha apuntado ante la sala, por su parte, la falta de indicios racionales de los delitos de rebelión y malversación que se atribuyen a su defendido. Además, ha reprochado al juez Llarena un "cúmulo de irregularidades" en sus autos. 

Durante la vista, que ha comenzado después de las 10:30 y ha finalizado hacia las 13:45, la defensas han argumentado contra la falta de competencia del Supremo basándose en que otros juzgados están viendo hechos similares a los delimitados en esta causa y también en que desde estos juzgados se están incorporando pruebas al Supremo, lo que les causa indefensión. 

Las defensas han reiterado que nunca hubo violencia en el procés, sino en todo caso represión policial frente al pacífico ejercicio de los independentistas. 

Una gran parte de los recurrentes en la vista de este lunes, los considerados "núcleo duro" del procés por Llarena, fueron procesados por rebelión (penado con hasta 25 años de prisión): Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Antoni Comín. 

Todos ellos son parlamentarios, es decir, que podrían por tanto ser suspendidos si son rechazados sus recursos contra los procesamientos y estos autos se hacen firmes. 

A ellos se suman también Dolors Bassa, Joaquim Forn y Clara Ponsatí, quienes como Marta Rovira, de ERC, están fuera del escaño. Asimismo, han sido procesados por rebelión también la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, el ex presiente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

Sànchez también es parlamentario y, por tanto, podría ser suspendido cuando el auto de procesamiento sea firme, como los otros citados. 

También recurrieron sus procesamientos los ex consellers Santi Vila, Carles Mundó, Lluís Puig y los ex parlamentarios Josep Nuet, Anna Simó, quienes están procesados por diferentes delitos, pero ninguno por rebelión. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que, una vez sea firme el auto de procesamiento por delitos entre los que se cuenta la rebelión y una vez sea decretada la prisión provisional, "el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido".