El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves los recursos de Vox y de varios diputados de Ciudadanos contra los indultos concedidos al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y al expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha basado su decisión en la falta de legitimación de los partidos políticos que alegó la Abogacía del Estado, al estimar que solo pueden serlo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.

Sànchez y Cuixart fueron condenados por un delito de sedición por unos hechos que, tras la reforma penal, el tribunal englobó en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Con esta decisión, el Supremo despeja el camino para la treintena de recursos que se mantienen vivos ante el tribunal, que afectan al ex vicepresident Oriol Junqueras y a los ex consellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, una vez que ya archivó los recursos contra los indultos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los ex consellers Joaquim Forn y Josep Rull, al haberse derogado el delito de sedición, el único por el que fueron condenados.

Los recursos que quedan por resolver fueron presentados por Vox, PP, diputados autonómicos populares, parlamentarios autonómicos de Ciudadanos y el presentado por Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante el procés.

Fuentes jurídicas explican que lo previsible es que todos los recursos sean rechazados al aplicar la misma argumentación de falta de legitimación activa, salvo el de Millo que puede ser el único que fuerce al tribunal a pronunciarse sobre el fondo por sentirse perjudicado directo.

En el caso de los dos recursos de Vox estudiados este jueves, la Sala los ha inadmitido por unanimidad mientras que el presentado por los exparlamentarios autonómicos de Ciudadanos - Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo, todo ellos diputados del Parlament en 2017- ha sido desestimado por mayoría, si bien ningún magistrado ha anunciado voto particular al respecto.

A falta de conocer el contenido de las sentencias, la Sala retoma su criterio inicial y considera que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para oponerse a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El fallo implica que los magistrados no han entrado a resolver el fondo del asunto, es decir, no se pronuncian sobre si las razones de utilidad pública, que justificó el Gobierno para conceder los indultos, se ajustaron a la ley.

En enero de 2022, el Supremo atendió el criterio de la Abogacía pero unos meses después rectificó su postura y acordó posponer esta cuestión al trámite de la sentencia.

La legitimación activa para recurrir los indultos era el principal escollo a superar en la mayoría de los recursos antes de entrar en el fondo, porque solo pueden ir al Supremo quienes acrediten ser perjudicados directos por la puesta en libertad de los presos.

El Gobierno cree que la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ratificar la "total legalidad" de la "decisión valiente" de indultar a los condenados del procés avala el "camino" en favor de la convivencia en Cataluña que se ha marcado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "cerrar definitivamente" las heridas provocadas en 2017.

En estos términos se ha manifestado este jueves el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, al expresar la satisfacción del Gobierno porque el Tribunal Supremo haya "ratificado la total legalidad de los indultos" a dos condenados por el procés, "algo que mucha gente no entendía" en aquel momento, ha explicado, pero que ahora, dos años después, "ya todo el mundo sabe" que fue una decisión "acertada y útil que sirvió para la convivencia y para ir curando heridas en Cataluña".

Antes de visitar una exposición sobre Salvador Allende en el Museo Nacional de Antropología, Bolaños ha remarcado que los indultos como los concedidos por el Gobierno de coalición al exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "fueron un paso importante para la convivencia" en Cataluña.

A renglón seguido, Félix Bolaños ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE van a seguir por ese mismo camino de la "convivencia, la ley y la Constitución" respecto a Cataluña y por "ir cerrando definitivamente aquellas heridas" de 2017, cuando el procés independentista provocó una importante crisis institucional con la declaración unilateral de independencia del Parlament y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Preguntado sobre si una ley de amnistía iría en esa línea de trabajo por la convivencia en España, ha remarcado que el PSOE está donde siempre "apostando por la convivencia", por el cumplimiento de la Constitución y por cerrar las "heridas" abiertas en Cataluña.

Bolaños se ha referido también al acto del 24 de septiembre que ha anunciado el PP en "rechazo" a la amnistía y ha reprochado al partido de Alberto Núñez Feijóo que, como siempre, "cuando no gobierna, dice que está en riesgo la unidad de España".

Ha insistido en que el Gobierno siempre ha trabajado por "normalizar la situación institucional y social en Cataluña" y en eso -ha dicho- "estamos" y ha reprochado al PP que se dedique a actuar como oposición en lugar de centrarse en la investidura de Feijóo.

A juicio del ministro, con estas "manifestaciones preventivas" lo único que ponen de manifiesto en el PP es que buscan "instalar una gran mentira en la población española, que es que hoy la situación en 2023 es peor que la situación de 2017".