Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordena al Govern garantizar un 25% de clases en castellano, tras detectar su uso "residual" en las escuelas, en plena tormenta política por la tramitación de la ley Celaá que excluye al español como lengua vehicular.

El fallo, que la Generalitat ya ha anunciado que recurrirá, estima parcialmente un recurso que en 2015 presentó el Gobierno de Mariano Rajoy por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar al menos un 25% de castellano como lengua vehicular en las aulas, como establecían sentencias previas del propio TSJC y también del Tribunal Supremo.

En esta ocasión, la sala de lo contencioso del TSJC reprocha a la Generalitat que no haya "ejercido su competencia" para asegurar el uso de vehicular tanto del castellano como del catalán en las escuelas de Cataluña, que abarque "al conjunto de alumnos", ni haya llevado a cabo "una actividad de control" para garantizarlo.

El TSJC llega a esa conclusión a raíz de la información que el Departamento de Enseñanza le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que el promedio de horas en castellano es del 18 % en la educación primaria, del 19% en secundaria y del 26% en bachillerato.

Solo 5 de los 184 centros de la muestra que la Generalitat entregó al TSJC imparten "íntegramente" en castellano el 25% de las áreas o materias -al menos una de ella troncal-, lo que supone que cumplen ese estándar "un 2% de centros de educación primaria y un 12% de los de bachillerato".

Uso "residual"

De ello se deduce que "el uso vehicular de la lengua castellana en el sistema de enseñanza de Cataluña es residual, o el menos así es en una parte significativa de centros y grupos docentes", añade el TSJC, que advierte de que ello supone "una infracción del marco jurídico vigente".

La nueva sentencia del TSJC ha irrumpido en plena tramitación de la reforma educativa de la Lomloe, llamada ley Celáa, que está previsto que no incluya en su texto al castellano como lengua vehicular en la enseñanza ni como lengua oficial del Estado, de acuerdo con una enmienda aprobada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC

A raíz del fallo del TSJC, el líder del PP, Pablo Casado, ha instado este jueves al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a dar marcha atrás en la tramitación de la ley Celaá, y a velar "por que esta sentencia se cumpla de inmediato" para respetar el "derecho" de los alumnos a recibir las clases en catalán y castellano, porque es "fundamental que haya convivencia de las dos lenguas cooficiales".

También Cs, que junto al PP y a Vox anunció que recurriría la ley al Tribunal Constitucional, ha celebrado una sentencia que a su parecer demuestra que lo que el partido exige es "justo y legal" y que la exclusión del castellano como lengua vehicular se ha hecho "en contra Ciudadanos de los criterios de los tribunales", según Carlos Carrizosa, presidente del grupo naranja en el Parlament.

Por su parte, la consellería de Educación ha criticado que el TSJC pretenda regular por la vía de la sentencias "la política educativa, cuando es competencia del Parlament", pero ha recalcado que, una vez entre en vigor, la ley Celaá dejará sin efecto el fallo conocido este jueves.

Algo que ha puesto en duda la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, quien ha reclamado no hacer "mercadeos de partido" con "cuestiones de país" como sería la lengua catalana, sino articular una "respuesta conjunta", y ha afirmado en este sentido que la ley Celaá "no ha blindado nada".

Por su parte, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ayer mismo convocó movilizaciones contra la ley Celaá, ha exigido hoy "la aplicación sin demora" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.