La declaración del novio de Ayuso se pospone hasta el 24 de junio

La juez aplaza la comparecencia al 24 de junio al no poder los otros investigados acudir al juzgado en las fechas señaladas

Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso. / Rodrigo Jiménez / Efe
Agencias

20 de mayo 2024 - 12:03

La juez que investiga por presunto fraude a Hacienda al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pospuesto su declaración para el próximo 24 de junio, cuando prevé interrogar a los cinco imputados en la causa.

Según han informado fuentes jurídicas, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha decidido, tras consultar con la partes, trasladar la declaración prevista para este lunes al 24 de junio debido a que el otro investigado que estaba citado para este lunes no iba a comparecer y tampoco lo iba a hacer al menos otro de los investigados citados para este martes.

Todas las partes presentes -acusaciones y defensas- han estado de acuerdo, han precisado las fuentes.

Desde Más Madrid -que es acusación popular junto al PSOE- han avanzado que el motivo puede ser llegar a un acuerdo antes de ese día.

Alberto González Amador ha llegado a los Juzgados de Plaza de Castilla sin ser visto por la prensa, y ha accedido al juzgado en el que estaba citado de la misma manera. Al salir de la sala se ha marchado junto a uno de sus abogados y se le ha visto cambiado de apariencia, con el pelo muy corto.

La magistrada mantiene investigados a González Amador y a otras cuatro personas por "la posible existencia de indicios" de dos delitos contra Hacienda, por defraudar supuestamente 350.951 euros entre 2020 y 2021, y de otro de falsedad documental por facturas que no se correspondían con los servicios prestados, presuntamente aportadas para reducir la cuota tributaria a pagar.

La juez tenía previsto tomar declaración este lunes a González Amador y a Maximiliano N., quien, según recoge la juez en el auto en el que incoó diligencias, es un empresario que presuntamente habría confeccionado dos facturas falsas -las de mayor valor entre las investigadas- para la pareja de Ayuso: una de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana, en 2020, y otra de 922.585 emitida en 2021 por una sociedad con sede en Costa de Marfil.

El pasado 5 de marzo la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados contra González Amador y otros cuatro empresarios al detectar unos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de Díaz Ayuso -que vio en esta causa una campaña en su contra-, por su enriquecimiento durante la pandemia del Covid-19.

El juzgado la admitió a trámite y luego la magistrada apreció "la posible existencia de indicios" de dos delitos contra Hacienda por defraudar supuestamente 350.951 euros entre 2020 y 2021 y de otro de falsedad documental por facturas que no se correspondían con los servicios prestados, presuntamente aportadas para reducir la cuota tributaria a pagar.

La investigación de la Fiscalía, que ahora dirige la magistrada y que tiene como origen un informe previo de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador era administrador único, apunta también a que los otros cuatro imputados habrían colaborado girando facturas.

El novio de la presidenta regional madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos a cambio de llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que se redujese su eventual condena tras el pago de una multa, según las conversaciones entabladas por su abogado, Carlos Neira, y el fiscal.

El 2 de febrero, el letrado envío a la Fiscalía un documento de ocho páginas titulado "propuesta de conformidad penal" en el que comunicaba que la pareja de Díaz Ayuso "acepta íntegramente" la comisión de dos delitos y proponía aceptar una pena de ocho meses de prisión y abonar unos 525.000 euros.

Poco más de un mes después y ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo había ofrecido el fiscal y no González Amador, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado con "aclaraciones" sobre el caso.

Ese comunicado acabó desembocando en otra causa penal, en la que el empresario ha dado un giro de 180 grados y se ha convertido en acusación tras presentar una querella contra dos fiscales por presunta revelación de secretos.

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