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Los jueces sustitutos, los más “precarios” del sistema

Los jueces sustitutos, los más “precarios” del sistema

Los jueces sustitutos, los más “precarios” del sistema / BIEL ALIÑO / efe

Casi el 16% de los jueces y magistrados en España son sustitutos: no han accedido por oposición a la carrera y cada año se presentan como candidatos a suplentes en la comunidad autónoma o provincia de su elección a la espera de ser llamados en función de sus méritos, como los años de experiencia o el doctorado.

Una figura prevista como excepcional se ha convertido en imprescindible en determinadas áreas o territorios, apuntan a Efe fuentes jurídicas.

De acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son 1.008 -73,4% de ellos son mujeres- y están detrás de buena parte de las sentencias de algunos órganos: el año pasado firmaron el 21,9% de las de los juzgados de primera instancia e instrucción de lo civil y dictaron el 16,5% de las resoluciones de los juzgados de violencia sobre la mujer de lo penal.

Precariedad

Por comunidades, la que más se sirve de esta figura es Cataluña (195), una región con menor tradición opositora que el resto, seguida de Andalucía (131) y la Comunidad Valenciana (102). Las que menos, La Rioja (seis), Cantabria (siete) y Navarra (19).

Este colectivo, movilizado en la Plataforma Judicatura Interina, denuncia ser el más precario del poder judicial porque tienen todas las incompatibilidades de los jueces titulares -no pueden trabajar de prácticamente ninguna otra cosa- pero solo cobran y cotizan cuando les llaman para hacer una sustitución.

López, jueza sustituta en Castilla-La Mancha que ha preferido ocultar su nombre por temor a represalias laborales, dice nadar a menudo en la "incertidumbre" a la espera de que vuelvan a llamarla para cubrir una baja por enfermedad, una licencia por cuidado de los hijos o una comisión de servicio de un juez titular.

Pensiones

"Yo he impartido justicia y esos mismos derechos que yo he reconocido no se aplican conmigo. Es muy fuerte, te cambia el sentido de la justicia", ha lamentado en una entrevista con EFE. Tiene 50 años de edad, 26 de experiencia y apenas 16 cotizados.

Mercedes Bengochea, de 55 años, es jueza sustituta desde hace casi 30 años en Castellón, pero tiene 18 años cotizados, un hecho que le preocupa de cara a la pensión que vaya recibir cuando se jubile. En muchas ocasiones ha ejercido apenas dos meses en un año y se le ha acabado la prestación de desempleo antes de que la vuelvan a llamar.

En el caso de los jueces sustitutos, las únicas funciones compatibles con el cargo son la docencia y la investigación. Bengochea hace tiempo que da clase en un máster universitario, pero asegura que la remuneración es prácticamente simbólica.

Inestabilidad

Fernando Méndez, de 58 años, fue funcionario de Justicia 21 años pero ejerce como juez sustituto desde 2008 y, para sobrellevar la inestabilidad, se sirve de "tápers económicos", como él los llama, que consiste en ahorrar la mitad de su sueldo cuando trabaja para poder disponer de ello cuando no le reclaman.

Su entorno a menudo les pregunta por qué siguen presentándose año tras año en estas condiciones.

A Bengochea la pregunta le parece "capciosa": "Es trasladarme a mí la disfunción de este sistema en lugar de al responsable, que es uno de los tres poderes del Estado. ¿No es más lógico que se ponga el acento en el empleador?", reflexiona.

Aumento de casos

Para algunos, como Fernando Méndez, a pesar de todo, los números cuadran: "Aunque pierdo años de cotización, con mi sueldo de juez interino gano de media 400 euros mensuales más que si ejerciera de funcionario de Justicia", asegura este jurista, que dice ingresar, de media, 2.350 euros al mes. "Y porque me gusta mucho lo que hago, no te voy a mentir", añade enseguida.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por EFE destacan el incremento en el número de jueces y magistrados sustitutos en los últimos años (de 951 en 2015 a 1.008 en la actualidad) y consideran que las cifras evidencian un "déficit estructural" en la plantilla de la carrera judicial, cifrado actualmente en 309 plazas vacantes.

Tras analizar los datos del año pasado, este órgano mostró su "preocupación" ante esa tendencia y alertó de que "la justicia interina no es acorde a los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución", que establece que la Justicia se administra "por jueces y magistrados integrantes del poder judicial"

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