El Consejo de Estado abordará este jueves el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que tanta controversia ha avivado entre las comunidades autónomas implicadas.

El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre y emitirá un informe "favorable o desfavorable", antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.

La nueva batalla por el agua se sitúa a finales del 2022, cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el 3ª ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo, y en los que se incluyen los caudales ecológicos: caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.

En el plan del Tajo, implantación de dichos caudales significará un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura lo que supondría, para las cuencas receptoras -Almería, Murcia y Alicante- la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante, según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats).

La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan por considerar que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros, procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.

Crespo confía en que el Consejo de Estado "eche para atrás" el plan

La consejera de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, espera que el Consejo de Estado "eche para atrás" mediante su dictamen el contenido del Plan Hidrológico del Tajo una vez examine las alegaciones planteadas por el Gobierno andaluz ante una decisión "injusta" a la hora de fijar el caudal ecológico, que reduce las aportaciones que reciben los regantes del Levante almeriense.

"Todavía hay esperanza, creemos que la verdad no tiene nada más que un camino", ha manifestado Crespo ante los medios en relación al futuro dictamen, preceptivo pero no vinculante, que debe darse tras las "exhaustivas", "lógicas" y "con sentido común" presentadas desde Andalucía con el fin de preservar "15.000 empleos", el cultivo y exportación de frutas y hortalizas, y el modo de vida de unos 125.000 ciudadanos, según ha explicado.

La titular andaluza de Agua ha afirmado que el Gobierno autonómico y los afectados están "comprometidos" con el trasvase Tajo-Segura, para lo que ha apelado nuevamente a los "estudios científicos" que establecen que, para preservar el caudal ecológico del Tajo, es suficiente contar con una cantidad de seis metros cúbicos por segundo frente a los 8,6 metros cúbicos por segundo decidida en diciembre en el Consejo Nacional del Agua sin el apoyo de las comunidades murciana, andaluza y valenciana.

"La razón no tiene nada más que un camino", ha incidido la consejera, quien no ha encontrado razones para restar al trasvase 105 hectómetros cúbicos en las aportaciones a "una de las tierras más secas" del país, por lo que ha pedido que España sea "ejemplo" de la solidaridad hídrica entre territorios. "Si no, vamos a ver si actúa con sentido común Portugal y aprovecha el agua del Tajo de una manera diferente a cómo la aprovecha España", ha añadido.

Con ello, Crespo ha reclamado "alejar de las decisiones de agua, que es un tema social, económico y que es de todo y no es de nadie, las decisiones políticas" para no dejar "en entredicho a nuestro país" y evitar "una polémica sobre el agua".