El Fogasa 'rescata' en cuatro años de crisis 9.420 trabajadores almerienses

Los impagos no son una novedad, como tampoco lo son los cierres de empresas que dejan colgados los salarios y las indemnizaciones de sus trabajadores, y actuaciones judiciales que se eternizan donde los empleados reivindican ante una compañía que en muchos casos ya se ha disuelto el abono de aquello que les corresponde. No es un fenómeno nuevo, pero sí que es una situación mucho más generalizada desde que se desató la crisis económica.

Los datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), la entidad que se hace cargo de los salarios e indemnizaciones de los trabajadores en casos de que su empresa sea insolvente o esté en un proceso concursal, así lo demuestran. En cuatro años de crisis, el Estado, a través del Fogasa, ha tenido que 'rescatar' a un total de 9.420 trabajadores pertenecientes a 3.595 empresas insolventes o concursadas en Almería. En este periodo, el Estado ha tenido que abonar, sólo en la provincia almeriense, 60 millones de euros en concepto de salarios impagados e indemnizaciones por despido que no habían sido abonados por la empresa.

La evolución de la actividad del Fogasa es una buena muestra de cómo se ha deteriorado la economía almeriense año tras año. Entre 2003 y 2005, el gasto medio de este organismo en el pago de los atrasos a los trabajadores fue de una media de 1,1 millones de euros, cantidad que se elevó a los 1,76 millones de euros medios en 2006 y 2007. En 2008, el primer año de crisis, la cantidad que desembolsó el Fogasa todavía fue bastante comedida: 3,2 millones de euros (1,8 para salarios y 1,4 para indemnizaciones) para pagar los atrasos de 763 trabajadores de 328 empresas.

Sin embargo, a partir de 2009 todos los indicadores comenzaron a dispararse. El gasto en salarios impagados ascendió a 4 millones de euros, y el de indemnizaciones a más de 4,6 millones, afrontando un desembolso total de 8,6 millones de euros del que se beneficiaron 1.583 trabajadores de 617 empresas. Desde entonces las obligaciones del Fogasa han seguido creciendo, alcanzando su culmen en 2012, cuando el Estado tuvo que abonar 18,9 millones de euros para pagar los sueldos y compensaciones (7,1 y 11,8 millones de euros respectivamente) de 2.910 empleados almerienses que se quedaron 'colgados' por la compañías en las que trabajaban. En este último año, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el desembolso total ha crecido un 19,9% y los trabajadores afectados, un 19,6%, respecto al año anterior.

En cualquier caso, la comparación con el año 2008 sigue siendo escandalosa, tanto en el número de empresas afectadas, que más que triplica al del año en el que comenzó la crisis, como en el de trabajadores, que prácticamente se ha cuadruplicado. En términos económicos, la inversión del Fogasa para 'rescatar' a trabajadores almerienses ha experimentado un incremento del 488,9%.

Pese a todo, Almería no es la provincia donde las insolvencias de sus empresas más le han costado al Estado. En 2012, según las estadísticas del Fogasa, el Estado tuvo que rescatar a más de 6.624 trabajadores malagueños, a los que tuvo que abonar 41,2 millones de euros por salarios e indemnizaciones impagados. A Málaga le siguen Sevilla, con un gasto total de 26,8 millones de euros; Córdoba, con 24, 9 millones; Cádiz, con casi 22 millones de euros de desembolso; y en quinta lugar Almería, con 18,9 millones de euros.

El listado lo cierran Granada, con la inversión de 17,8 millones de euros, Jaén con 13,1 millones de euros; y Huelva, con 10,8 millones de euros para el pago de los salarios de 1.454 empleados.