La patronal andaluza de la construcción, Fadeco Contratistas, pone de manifiesto su "profunda preocupación y alarma", tras conocer las objeciones de la Secretaría de Estado de Política Territorial al Decreto Ley de revisión excepcional de precios aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 12 de abril, lo que obliga a la apertura de una mesa de negociación que, de no terminar en un acuerdo, provocaría, casi con toda seguridad, el recurso de inconstitucionalidad.

Para Fadeco Contratistas esta situación es inasumible, por la incertidumbre e inseguridad jurídica que provoca, a la vez que se muestra profundamente preocupada por los efectos que tendrá en la actividad licitadora de las distintas administraciones y las consecuencias en el empleo.

De esta forma, los distintos decretos de revisión de precios surgen para paliar los efectos de la intensa inflación que sufre el sector y el principal objetivo de estos es cubrir los costes en los que incurren las empresas constructoras que ejecutan obra pública; de ahí que sea imprescindible que la medida incluya las obras ejecutadas en el periodo de mayor incremento de precios, obras con certificaciones en 2021.

Lamentablemente, según los contratistas, el Gobierno de España no recoge en su decreto las citadas obras; y se basa en obras de mayor duración, dejando fuera todas las obras terminadas entes de marzo de 2022; situación que sí recoge el Gobierno andaluz en su Decreto.

“Resulta imprescindible que las empresas con certificaciones de obra en 2021 puedan acceder al mecanismo excepcional de revisión de precios, ya que lo contrario provoca que el decreto carezca de sentido y se convierta en una medida inútil y sin recorrido alguno”, señala Rafael Sánchez Alcalá, presidente de Fadeco Contratistas, quien continúa señalando que “además, el mecanismo excepcional de revisión de precios andaluz complementa al nacional en cuanto a las materias primas que deben haber visto incrementado su coste, con la intención de dar cobertura a cualquier tipología de obra, ya sea civil, de edificación, hidráulica, de carreteras… evitando excluir de forma caprichosa multitud de obras”.

Por otro lado, el Decreto autonómico da cobertura a entidades locales y diputaciones activando las previsiones del Real Decreto estatal, entidades que licitan más del 50 de las obras públicas en Andalucía, motivo por el que el Decreto Andaluz cobra una gran relevancia.

“El sector de la construcción lleva reclamando al Gobierno de España el decreto de revisión de precios desde octubre de 2021; la lentitud, lo errático de las medidas del Real Decreto Ley y la ausencia de criterio en la toma de decisiones del Gobierno de España han provocado que muchas licitaciones estén quedando desiertas y otras muchas obras estén empezando a paralizarse; constituyendo este anuncio en un nuevo argumento para llevar a la ruina al sector de la construcción”, zanja Sánchez Alcalá. En el caso de Almería, según datos de Fadeco, entre enero de 2021 y el pasado mes se han quedado desiertas tres obras y otra desestimada licitadas por valor de 12.280.714,86 euros, así, en el caso de las desiertas: la promovida por el Ayuntamiento de El Ejido referente a un centro para la inclusión social de colectivos desfavorecidos; una obra para ahorro energético de la sede de la Administración de Justicia, Audiencia Provincial y Fiscalía de Almería y la construcción del nuevo edificio de Uso Ambulatorio del Hospital Torrecádenas, perteneciente a la Central Provincial de Compras de Almería (por más de 11 millones), ambas de la Junta de Andalucía; respecto a la desestimada se refiere a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones alumbrado exterior en Velefique promovida por Diputación Provincial.

Fadeco Contratistas, que valora el Decreto Andaluz como valiente y realmente efectivo, entiende que la mejora y complementariedad del mismo respecto de las previsiones estatales no responde a un ánimo deinvasión de competencias, sino al ánimo de dar un respuesta real y efectiva al grave problema al que nos enfrentamos, recogiendo medidas que paliaban las evidentes deficiencias de los Reales Decretos leyes estatales, que dejaban fuera a la práctica totalidad de las obras estudiadas, y son medidas que inevitablemente tendrá que adoptar el Gobierno de España, y los diferentes Ministerios afectados, quieran o no quieran, para evitar el colapso de la licitación de obra pública en España.

"El momento no puede ser más inoportuno, por el contexto macroeconómico existente, y la actitud del Gobierno de España, regulando a medias, y no dejando a las comunidades autónomas tomar medidas, resulta insostenible", concluye el presidente de la Patronal, a la que vez que exige una resolución rápida de esta controversia.

Fadeco Contratistas apela, por tanto, a la responsabilidad de las autoridades estatales en el marco de las negociaciones previstas, para alcanzar un acuerdo inmediato razonable que evite la quiebra de muchasempresas constructoras, innumerables pymes auxiliares del sector y la destrucción de miles de puestos de trabajo.