Quiere que se reconozca su fijeza sin pasar una oposiciones como refleja el Decreto Ley que está tramitando el Congreso y que no se les excluya de la nueva normativa.

Después de, en algunos casos, veinte años en su puesto de trabajo en la Administración Pública, ahora muchos se ven obligados a tener que prepararse unas oposición para poder continuar con su puesto de trabajo. Este es el caso de los interinos de la administración pública. Realmente de muchas de ellas, pues estos casos atañen a prácticamente todas, y que en la provincia de Almería también tiene sus afectados.

Solo en la Diputación Provincial hay cerca del centenar de personas en esta situación.Independientemente de la edad de los trabajadores, algunos mayores y otros jóvenes, a todos ellos les une que llevan muchos años en esta situación. Se trata de una situación insostenible que a muchos afecta también desde el punto de vista psicológico, pues no hay peor inquietud que la de no saber si mañana te quedarás sin trabajo, y sin derechos.

En este contexto, el pasado jueves, varias decenas de afectados almerienses se sumaron a la huelga general convocada como medida de presión frente al Gobierno frente a la tramitación del Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en Puerta Purchena de la capital.

La huelga general fue secundada por las diferentes plataformas y sindicatos de interinos a nivel andaluz, representadas por CAEPAT (Coordinadora andaluza de empleados públicos en abuso de la temporalidad, que cuenta con 20.000 asociados y representa a 160.000 empleados públicos temporales en Andalucía), donde se encuentra AEEPA, la plataforma de Almería por la Estabilidad del Empleado Público en Abuso. Cabe aclarar, que el Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio, “vulnera los derechos de los trabajadores a la estabilidad en el empleo que se desprende de la normativa y jurisprudencia comunitaria”, explican desde el colectivo almeriense. Y por ello, reclaman una modificación de dicho RDL 14/2021 con el fin de adecuarlo al Derecho de la Unión, y más concretamente a la Directiva 1999/70/CE y jurisprudencia que lo interpreta, que exige la existencia de medidas sancionadoras, proporcionadas, efectivas y disuasorias que impidan el abuso de la contratación temporal, y que en consecuencia sancionen el abuso ya cometido con la estabilización en los puestos de trabajo de todos los temporales en abuso.

En este contexto, explican que las dos únicas posibilidades que ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dar solución al abuso de temporalidad de los empleados públicos en España son: declarar la fijeza directa o el acceso de los empleados públicos a la fijeza del puesto mediante la realización de un concurso de méritos de carácter restringido.

El proyecto de ley en nada satisface a más de 800.000 familias (160.000 en Andalucía) y que además incumple claramente la normativa europea al respecto, las sentencias y autos del TJUE, colocando a España a la altura de Polonia.

Hasta el día 29 de septiembre estuvo abierto el período de presentación de enmiendas para el proyecto de ley del RDL supracitado que se está tramitando en el Congreso. Los diferentes colectivos de trabajadores temporales han intensificado los contactos con los diversos grupos políticos a fin de que se incorporen modificaciones elaboradas por juristas expertos en Derecho de la Unión.

Sentencian que la futura Ley cuya ejecución prepara el Ejecutivo “es un auténtico ERE que afecta a más de 800.000 familias españolas. Y más aún que ese ERE afecte a un 70% de mujeres en edades comprendidas entre 45 años y 55 años, con familias a su cargo”.