El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento en su reunión de este martes, 17 de enero, de las reclamaciones de la Consejería de Política Industrial y Energía al Ejecutivo central para que incluya en el Perte de Descarbonización aquellos sectores industriales que tienen que afrontar el reto de la economía descarbonizada pero que no han sido destinatarios de subvenciones ni han podido beneficiarse de otros Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), como la industria extractiva del sector de la piedra y el mármol, de la que Almería es una referencia, y de la industria del frío industrial y la climatización.

Así lo ha trasladado el Gobierno andaluz a través de un conjunto de aportaciones al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el proceso de consulta previa sobre la concesión de ayudas para la descarbonización de la industria manufacturera, con objeto de que el instrumento "se ajuste a las necesidades reales del sector industrial andaluz y sea verdaderamente útil".

Según ha detallado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, la Junta ha instado a que el Real Decreto incluya a sectores con "gran potencial de crecimiento" en Andalucía, como el de la piedra y el mármol --referente en Almería-- o el del frío industrial y la climatización --con "gran arraigo" en Córdoba--, que cuentan con "altas necesidades de descarbonización y de mejora energética", y que se encuentran produciendo equipos y materiales "clave para proveer de soluciones limpias y sostenibles al resto de sectores económicos y de la sociedad en su conjunto en ámbitos estratégicos como el de la edificación sostenible".

En el caso de la industria extractiva, se trata de un sector, según la Junta, que necesita también "avanzar en eficiencia en el uso de los recursos", ya que el impacto energético de la minería es "notable", al registrar un consumo eléctrico de más de 1.200 GW hora y una factura de electricidad de casi 84 millones de euros, y que "está llamado a jugar un papel esencial en la transición energética aportando materias primas fundamentales".

El pasado mes de octubre, el consejero Jorge Paradela le trasladó a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la "gran oportunidad" que, en su opinión, suponía el Perte de Descarbonización para "revertir la situación que se daba en Andalucía por la que grandes proyectos tractores industriales mineros no habían tenido cabida en ningún Perte".

Andalucía insiste en su puesta en marcha

La Junta ha puesto además el acento "en la necesidad de que el Ministerio acelere la puesta en marcha de este instrumento", cuya normativa reguladora está prevista que se apruebe a lo largo del ejercicio 2023, "pero sin mayor concreción", así como que articule unos procedimientos de solicitud, concesión y justificación "lo suficientemente ágiles para que se adelante en todo lo posible la puesta en marcha de los proyectos y se eviten cargas burocráticas que no estén justificadas".

El Gobierno andaluz ha incidido asimismo en que deben contar con un "efecto incentivador adecuado", dado que la dotación prevista en forma de subvenciones para 2023 "se limita a 200 millones de euros", cantidad que es considerada "insuficiente para atender las necesidades de inversión que en la consulta previa se califican como de gran intensidad".

Además, la relación entre la aportación pública y privada planificada apunta a la aplicación de una intensidad de ayuda por proyecto que, según el Gobierno andaluz, se encuentra "alejada de las demandas de las empresas industriales", en tanto que con los citados 200 millones de euros en 2023 se prevé movilizar una inversión total de 2.800 millones, de manera que la intensidad de la ayuda resulta "inferior al 8%".

La Junta ha reivindicado que se tengan en cuenta "aquellos territorios más vulnerables en el proceso hacia una economía descarbonizada"

En este sentido, Andalucía ha incidido en "la necesidad de contemplar un tratamiento especial para los territorios de transición justa que ya han sufrido la pérdida de tejido productivo debido al proceso de descarbonización industrial como complemento a las ayudas específicas previstas en materia de reindustrialización", y que se corresponden con las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba