Preocupación e incertidumbre entre la plantilla de Grupo Uribe tras los despidos
Los afectados reclaman las nóminas que no han cobrado · La Delegación Provincial de Empleo aún no ha registrado el Expediente de Regulación, pero sí una demanda de conciliación de más de 30 trabajadores.
El futuro se presenta incierto para los trabajadores del Grupo Uribe, tras conocerse esta semana que al menos 150 de ellos se encuentran ya en la calle, reclamando las nóminas que no han cobrado. La compañía almeriense opera bajo las enseñas de Supermercados Super Olé, Cash Uribe y Serodys Autoservicio Mayorista, estas dos últimas, dedicadas a la venta al por mayor, a través de Distribuidora Uribe SA.
Puesta en marcha en 1945 por Miguel Uribe Gómez, padre de los actuales gerentes, Juan Uribe, presidente, y Miguel Uribe, consejero delegado y director general, la compañía con sede en Huércal-Overa tiene ante sí el reto de gestionar su futuro, después de este revés laboral.
La creciente y dura competencia del sector de la distribución le ha llevado en los últimos meses a tener que comenzar un proceso de reestructuración de algunos de los supermercados, que en algunos casos ha abocado en la venta, como es el caso de los dos que vendió en Vícar hace ahora un año, si bien, otros se explotan en régimen de alquiler.
En declaraciones a Diario de Almería, Miguel Uribe explicó que ha cerrado "uno de los dos almacenes", alegando que con los nuevos procesos de gestión del stock, de avanzada tecnología, no necesita tanta gente, por lo que no ha tenido más remedio que tomar esta dura decisión.
El grupo originario del levante almeriense cuenta en Huércal-Overa con dos almacenes de 4.000 metros cuadrados cada uno, que utiliza como plataforma logística para surtir a todos sus supermercados, así como los centros de venta mayorista. De hecho, la compañía contaba con un ambicioso proyecto para ampliar estas instalaciones en otros 5.000 metros cuadrados, para lo que se preveía una inversión de unos cinco millones de euros.
El Grupo Uribe había contado con una plantilla de alrededor de 500 trabajadores, la mayoría de ellos, mujeres. Tras los despidos, el resto de los empleados ven con preocupación su futuro.
Hasta ayer, la Delegación Provincial de Empleo no había registrado el Expediente de Regulación de Empleo de los despedidos, aunque sí ha recibido una demanda de conciliación por parte de una treintena de ellos.
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