El pasado 25 de marzo Diario de Almería se hizo eco de la cantidad de pozos alegales, es decir no inscritos en el catálogo de aguas públicas o privadas, existentes solo en la zona del Poniente Almeriense y que equivaldría a unas 10.000 hectáreas de cultivo intensivo regadas con aguas sin registrar, tal y como aseguraron desde la Plataforma por la Defensa de las Aguas Privadas del Poniente Almeriense.

Pocos días después comenzaron las primeras citaciones por parte de la Delegación de Medio Ambiente para llevar a cabo el acta de confrontación, procedimiento por el que se realiza la toma de los datos necesarios que deben quedar reflejados por pozo en su correspondiente catálogo. Sin embargo, las primeras tomas de contacto han sido infructuosas por la falta de medios técnicos para llevarlas a cabo.

El primer problema vino con la necesidad de realizar un aforo de 24 horas, esto es tener el pozo funcionando durante ese tiempo para comprobar el caudal por segundo. "Les manifestamos que en los horarios que tenemos no es posible hacer eso y que tampoco es necesario para realizar esta comprobación y tampoco nos aclararon que se iba a hacer con esa agua, dónde se iba a echar", apunta Juan Rodríguez, presidente de Aguas Privadas y que estuvo el pasado 29 de marzo en la primera de esas visitas, precisamente a uno de los pozos con los que cuenta la Plataforma.

Otro de los impedimentos para los regantes fue el requerimiento de sacar la bomba para comprobar la profundidad del sondeo, "lo que no sabemos tampoco es quien se tiene que hacer cargo de esta acción ni los daños que puede llegar a provocar", apunta el presidente, quien refleja el temor en este colectivo por la falta de medios con los que llegaron los funcionarios técnicos a esta primera cita y, sobre todo, por la falta de respuestas. "Uno de los pozos que tenemos está funcionando las 24 horas del día y no nos podemos permitir el lujo, salvo avería, de sacarlo para realizar dichas comprobaciones. No sabemos que nos van a plantear para hacer frente a todo esto y tampoco quien se va a hacer cargo del coste de estas comprobaciones". "Ellos sé que tienen la orden por parte del director General de hacer una acta de confrotación bien hecha, pormenorizada. Con lo cual, ya están reconociendo que las que se han hecho anteriormente no están bien hechas", apunta el presidente de Aguas Privadas del Poniente, quien también subraya que a partir de ahora las inspecciones serán periódicas y rigurosas por parte de Medio Ambiente también en los pozos ya inscritos en el catálogo. "Espero que sea así en todos los casos, también en el caso de los que están inscritos en aguas públicas".

Actualmente, esta Plataforma aglutina un total de 25 pozos, 4.500 agricultores y en torno a 6.000 hectáreas de cultivo representadas en 23 comunidades de regantes, de las cuales 10 tienen sus pozos sin regularizar, tal y como aseguran Juan Rodríguez y José Manuel Manzano, presidente y tesorero de Aguas Privadas, respectivamente.

En este punto, asalta la duda de saber cómo han estado operando estos pozos aún no estando inscritos en un catálogo que normalizaría su situación y cuyos responsables llevan desde 2008 solicitando su inclusión sin suerte. "Agricultura no admite los certificados de las comunidades de regantes si no están legalizadas, pero sí lo hace si van con la firma de la Junta Central de Usuarios del Poniente", explica Rodríguez, quien apunta además que "en la Plataforma contamos con unas 15 comunidades que tienen los caudales reducidos, menos de lo que les corresponde. Ahí comenzamos un litigio contra la Junta de Andalucía, a la que le llevamos como una quincena de procesos judiciales ganados". A esos regantes que fueron a juicio pidiendo el caudal que entendían legítimo en sus pozos se les anuló la inscripción, es decir, el juez los dejó en un estado de alegalidad a expensas de que Medio Ambiente cumpliera con su parte: inscribirlos en el catálogo de aguas, tal y como dictaba la sentencia. Un proceso que ya ha comenzado.