El Supremo revisará las condenas por privatizar la funeraria de Madrid, que gestiona Funespaña

El Tribunal Supremo revisará el 1 de octubre en vista pública la sentencia que en junio de 2008 condenó al ex primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con la atenuante de dilaciones, como responsable del la privatización del 49% del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros). Fuentes del alto tribunal han señalado que contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid presentaron recurso de casación el propio Huete y también los grupos municipales del PSOE e IU en el Consistorio madrileño, además del Ministerio Fiscal. La Audiencia de Madrid absolvió a los ex concejales populares. También salieron bien parados el ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, a quienes se les exonera de la comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública por haber prescrito su responsabilidad penal. Se pedía para ellos 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos.

Sobre Funespaña, la resolución, de 210 páginas, recalca que Rodrigo y los Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluía que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.